El Ministerio de Defensa atraviesa un cambio profundo y preocupante: bajo el lema de “derechos humanos y verdad completa”, se dictan seminarios en liceos y unidades militares a cargo de referentes históricamente ligados a organizaciones que promueven beneficios, libertades o amnistías para represores condenados. Estos cursos, iniciados durante la gestión de Luis Petri, se consolidan ahora con la llegada de Carlos Presti al Edificio Libertador, generando alerta entre organismos de derechos humanos.

Un ciclo sin programa académico y con fuerte sesgo ideológico

Los seminarios están encabezados por Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de militares asesinados durante los años setenta y referentes de agrupaciones como Afavita y el CELTYV, espacios que han reivindicado a miembros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad.
Consultado formalmente, el Ministerio reconoció que no existen programas, bibliografía ni lineamientos pedagógicos: solo testimonios personales que transmiten un mensaje de “concordia y perdón”. Para organismos de derechos humanos, este formato disfraza como relato testimonial un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios.

La coordinación institucional está a cargo de Joaquín Mogaburu, director nacional de Derechos Humanos en Defensa y funcionario cercano a estos grupos. Según la versión oficial, los expositores “emocionan a los interlocutores”, aunque el ciclo omite por completo el carácter sistemático, estatal y planificado del terrorismo de Estado.

El rol de Petri y la continuidad bajo el mando de Presti

Luis Petri impulsó desde 2024 una serie de decisiones que allanaron el terreno: disolvió los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental —clave para aportar a los juicios de lesa humanidad— y reivindicó públicamente a los “héroes de los ‘70”. Además, incorporó como asesores a Larrabure e Ibarzábal, quienes desde entonces recorren liceos militares instalando la narrativa de “historia completa”.

La llegada de Carlos Presti al Ministerio supone un nuevo capítulo. Hijo del represor Roque Presti, nunca repudió los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde su rol al frente del Ejército encabezó actos alineados con la “memoria completa”, como el homenaje en Formosa a militares muertos en ataques de Montoneros.

Su designación como ministro fue criticada como un retroceso democrático. “No corresponde. No está preparado para eso”, advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Un retroceso en la política de derechos humanos

Organismos como Historias Desobedientes alertaron que la difusión de estos seminarios implica “un intento de reinstalar el negacionismo en el Estado”, especialmente en vísperas del 50° aniversario del último golpe cívico-militar.
“No es solo un discurso: es una política activa que busca relativizar los crímenes de la dictadura y habilitar un clima social de justificación del terrorismo de Estado”, señalaron.

Mientras tanto, sectores cercanos al oficialismo —incluido el obispo castrense Santiago Olivera, que promueve beneficios carcelarios para represores— continúan respaldando públicamente estas iniciativas.

Un clima institucional que enciende alarmas

La presencia de un militar al frente de Defensa después de 44 años, la eliminación de equipos dedicados a colaborar con la justicia y la expansión de seminarios sin fundamentos históricos forman parte de un mismo proceso: la instalación de una narrativa que equipara responsabilidades y suaviza el rol del Estado durante la dictadura.

Para Estela de Carlotto, el rumbo está claro: “Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos lo que ha sufrido la Argentina con los golpes de Estado y las dictaduras”.

El avance de estos seminarios, su contenido parcial y el perfil de quienes los dictan ponen en evidencia un proyecto político más amplio: posicionar dentro de las Fuerzas Armadas una versión revisionista del pasado, afín a simpatizantes de represores y alejada de los consensos históricos construidos en democracia.