Tras el triunfo en las elecciones legislativas y en medio de las presiones de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar acuerdos, el Gobierno intenta recomponer su relación con los mandatarios provinciales. El primer desafío de esa nueva etapa será el debate del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias.

Aunque el oficialismo modificó el canal de diálogo con las provincias al designar a Diego Santilli como ministro del Interior, buena parte de las demandas que los gobernadores plantearon sobre el proyecto remitido en septiembre a la Cámara de Diputados siguen vigentes. Algunos reclamos comenzaron a destrabarse gracias a la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda quiere involucrarse más directamente en la negociación política con las provincias. Un indicio claro fue su presencia, este martes, en una reunión en Casa Rosada junto a Santilli, la secretaria General Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para diagramar la estrategia legislativa. “Vamos a evaluar nuestra estrategia legislativa”, anticipó una de las partes antes del encuentro.

Si bien en el Ministerio de Economía continúan afinando los cambios, no hay voluntad de conceder todos los pedidos de los mandatarios. La prioridad se dará a los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén, distritos que cuentan con representación parlamentaria propia en alguna de las dos cámaras.

Según pudo reconstruir este medio, apenas llegó a la Casa Rosada, Santilli recibió de un legislador un documento que compila los reclamos centrales de los gobernadores en torno al Presupuesto 2026. Ese listado se reduce, esencialmente, a siete puntos.

Las demandas principales de los gobernadores

El pedido más relevante es que el Gobierno Nacional avale a las provincias para acceder a créditos internacionales, un trámite que —señalan— no implica costos adicionales para la administración central y que, en teoría, no debería generar resistencia en Caputo.

Sin embargo, el punto más sensible está vinculado a las cajas previsionales. El proyecto prevé que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) transfiera $122.762.664.874 a las jurisdicciones, pero incorpora una limitación: “Sólo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la ANSES, que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior”. Por eso, además de reclamar un incremento del monto, las provincias exigen flexibilizar las condiciones de acceso.

Otro punto de conflicto es la intención oficial de eliminar la ampliación del régimen de zonas frías dentro del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Ese cambio dejaría fuera del beneficio a más de tres millones de hogares incorporados desde 2021, con un impacto fuerte en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde el invierno más templado había permitido sumar numerosos usuarios con descuentos significativos.

A esto se suman la necesidad de reactivar la obra pública y la discusión por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Sobre ambos temas, los gobernadores lograron aprobar una ley en el Congreso que luego fue vetada por el presidente Javier Milei. La redistribución del impuesto podría reaparecer como moneda de negociación frente a los cambios que Caputo quiere impulsar en Ganancias, que contemplan aumentar deducciones.

Una fuente de Diputados detalló: “Los gobernadores pedían que se distribuya el 1,9% de la recaudación nacional de impuestos que se queda la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”. Ese porcentaje es el que utiliza el titular del organismo, Juan Pazo, para sostener su estructura, que ya posee superávit desde antes de la llamada “motosierra”.

Avances y puntos ya acordados

Aunque la Casa Rosada afirma que todas las modificaciones siguen bajo análisis del Ministerio de Economía, ya existen concesiones firmes de Caputo. Una de ellas fue incorporar el acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por los fondos de Coparticipación destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo una reunión con el ministro de Economía para avanzar en la regularización de la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad. El balance del encuentro fue calificado como “positivo”.

Representantes del gobierno porteño explicaron: “El Gobierno porteño pide que la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”. Y añadieron: “Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal”.

Otro gesto de Caputo hacia las provincias fue la reducción de las retenciones al petróleo, acordada con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Ambos se reunieron el martes en el quinto piso del Palacio de Hacienda y firmaron un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.