El Gobierno analizó una reforma tributaria extensa de cara a las sesiones extraordinarias de diciembre. La propuesta incluyó la eliminación del monotributo y el traspaso de todos los contribuyentes al régimen general. El sistema unificado rigió en el país desde 1998 y ordenó el universo de pequeños aportantes. Funcionarios y empresarios debatieron la idea en distintas reuniones. En esos encuentros, representantes oficiales afirmaron que el propósito de la iniciativa fue “formalizar” la economía.

La propuesta estableció cambios en varios frentes. El pase a autónomos alcanzó a todos los monotributistas. El esquema proyectado fijó escalas de $100.000 a $500.000 y abrió la posibilidad de deducir gastos personales. Para el IVA, la discusión marcó un umbral mínimo equivalente a la vieja Categoría F del monotributo, unos $3 millones mensuales.

En relación con Ganancias, el Gobierno evaluó un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones para 2025.

Otro eje de la iniciativa fue un nuevo régimen de empleo. El plan contempló una reducción de aportes y contribuciones para las empresas que sumaran trabajadores. Ese beneficio también alcanzó a quienes quedaron seis meses fuera del mercado formal y a exmonotributistas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los puntos principales en la Conferencia Anual de FIEL. Explicó que la reforma avanzaría junto con una modificación laboral para evitar un impacto sobre “el ancla fiscal”. También enumeró los tributos que, según su visión, distorsionaron la actividad. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, las retenciones al campo y Ganancias para las empresas. Señaló que retirar esos gravámenes resultó costoso porque “hoy son muy caros para sacarlas porque recaudan mucho”.

La discusión quedó abierta. El Gobierno insistió en que un nuevo esquema permitiría mayor formalidad y menos carga fiscal distorsiva, mientras distintos sectores analizaron el efecto que una reforma de esa magnitud tendría sobre la actividad.