La Justicia ordenó suspender la construcción de torres en Tigre hasta que se actualice el Código Urbano, en un fallo que genera tensión entre vecinos, concejales y desarrolladores inmobiliarios.
La expansión inmobiliaria en Tigre sufrió un freno judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro dictó una medida cautelar que obliga al municipio a suspender la habilitación de nuevas construcciones en altura, tras una demanda de la ONG Compromiso con Tigre y del concejal electo Sebastián Rovira (Fuerza Patria). La decisión alcanza a proyectos multifamiliares o comerciales de más de dos pisos y se mantendrá vigente hasta que el Concejo Deliberante apruebe una nueva normativa de planificación urbana o por un máximo de seis meses desde la notificación. Las obras con permisos ya otorgados no se ven afectadas.
El fallo, firmado por el juez Marcelo Mauro Gradín, se basa en riesgos ambientales y urbanos, aplicando los principios de prevención y precaución. Según Gradín, continuar otorgando permisos para torres podría generar daños “difíciles o imposibles de reparar”. La medida también responde a críticas sobre la falta de participación ciudadana: la ONG demandante cuestionó que el Decreto Municipal 935/2025, que suspendía permisos para edificios de más de ocho pisos, fue aprobado sin audiencia pública ni estudios de impacto ambiental, de movilidad o de infraestructura urbana.
Las reacciones no tardaron en llegar. Rovira celebró el fallo y sostuvo que no se trata de frenar el crecimiento, sino de garantizar que sea “ordenado y para todos”. Desde Fuerza Patria lo calificaron como un límite institucional al modelo impulsado por la gestión municipal. Por su parte, el municipio de Tigre expresó su rechazo, advirtiendo que la medida “impacta negativamente sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico”.
Este hecho se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo urbano del distrito. Organizaciones vecinales y algunos concejales reclaman una revisión profunda del Código Urbano, considerado desactualizado. La suspensión judicial deja espacio para discutir una normativa más moderna, con participación ciudadana y estudios de impacto, mientras que los desarrolladores deberán pausar la presentación de nuevos proyectos de torres que superen los dos pisos hasta que se definan las nuevas reglas.
