Docentes universitarios, trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones sociales marcharon este martes hacia la Casa Rosada para exigir al Gobierno la puesta en marcha de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que fueron promulgadas pero cuya aplicación se encuentra suspendida. La concentración comenzó pasadas las 16 en Plaza de Mayo y derivó en un paro nacional de 48 horas que se extendió hasta el miércoles.

La medida fue encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en reclamo por la falta de cumplimiento de la ley que garantiza fondos actualizados para universidades nacionales y hospitales universitarios. Con el plazo legal para su publicación ya vencido, docentes, estudiantes y organizaciones sociales reclamaron que el Ejecutivo cumpla con la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.

“La dilación del Gobierno sólo genera más tensión y malestar”, advirtió Ricardo Mozzi, secretario general de la FAGDUT. “Senadores y Diputados ya aprobaron la ley y rechazaron el veto, ¿qué más necesitan?”, cuestionó el dirigente, quien confirmó que las 30 facultades de la UTN permanecieron sin clases durante las dos jornadas de protesta.

Desde la Universidad de Buenos Aires, los gremios docentes y nodocentes se sumaron al paro. “Frente al incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar su aplicación, realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”, informaron desde APUBA, el sindicato que representa al personal nodocente.

El gremio también adelantó que, junto al Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario, impulsará acciones legales para asegurar la plena vigencia de la norma. Durante la jornada, organizaciones vinculadas a la discapacidad participaron de la protesta y leyeron un documento conjunto en el que reclamaron la implementación inmediata de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

En el texto se convocó además a “fortalecer la unidad de todas las luchas frente al ajuste en curso” e invitaron a organizaciones, sindicatos y comunidades de todo el país a replicar las manifestaciones en plazas, hospitales y universidades.

Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario

La ley establece la actualización de las partidas destinadas a universidades, hospitales universitarios y programas de ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024. También dispone incrementos bimestrales por IPC durante 2025 y una recomposición salarial para docentes y no docentes con ajuste mensual por inflación.

La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei en octubre de 2024, pero fue ratificada por el Congreso gracias a la mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese a un incremento del 29% decretado por el Ejecutivo, el presupuesto universitario para 2025 se ubica en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real del 32% respecto de 2023, lo que compromete el funcionamiento del sistema educativo público y gratuito.