Durante el debate, el oficialismo y la oposición cruzaron duros cuestionamientos luego de que ingresara al recinto un oficio del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, firmado por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Federico Domínguez. El documento solicitaba la autorización del cuerpo para avanzar con medidas judiciales en el marco de la investigación que involucra a Espert y al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por presuntos pagos realizados durante la campaña presidencial de 2019.

El pedido judicial se presentó mientras los legisladores debatían la posible expulsión de Espert, acusado además de mantener negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos en carácter no oficial. Según fuentes parlamentarias, la solicitud de Mirabelli respondía a las restricciones que imponen los fueros parlamentarios, que impiden allanamientos o interceptaciones de comunicaciones sin autorización de la Cámara de Diputados.

El expediente fue girado directamente al presidente del cuerpo, Martín Menem, y abrió un debate inmediato. El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió someterlo a votación, aunque varios legisladores manifestaron su disconformidad por estar “votando a ciegas”, dado que el juez pidió mantener los detalles bajo secreto de sumario para no entorpecer la investigación.

Entre las alternativas analizadas se evaluó realizar una sesión secreta, tal como permite el reglamento, pero finalmente esa opción fue descartada. La votación se llevó a cabo con la salvedad de que el diputado libertario no podrá ser detenido, aunque la Justicia sí podrá tomar medidas concretas para avanzar con la causa.

Mientras tanto, Espert, cada vez más acorralado, presentó su pedido de licencia antes de que se tratara formalmente su expulsión. Días antes ya había renunciado a presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en medio del escándalo por el documento judicial estadounidense que comprobó una transferencia de 200 mil dólares de una empresa de Machado hacia una cuenta a su nombre. El propio Juan Grabois fue quien impulsó la denuncia original.

En simultáneo, la oposición consiguió aprobar los pedidos de interpelación al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y al ministro de Salud Mario Lugones. Los cuestionamientos hacia Francos surgieron por el decreto que postergó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras que la citación a Karina Milei y Lugones está relacionada con los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se mencionaría el cobro de coimas.

Las citaciones a Milei y Lugones fueron fijadas para el miércoles 15 de octubre a las 14:00 horas, también por votación a mano alzada. En tanto, Caputo deberá presentarse para responder sobre las presuntas negociaciones con Estados Unidos que se le atribuyen al propio Espert, una conexión que hoy pone bajo la lupa a todo el entorno libertario.

Mientras el oficialismo intenta contener el impacto político del escándalo, la Justicia avanza: en las últimas horas, Fred Machado fue trasladado desde su casa en Viedma, donde cumplía arresto domiciliario, a una unidad penal, a la espera de su extradición a los Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema.

La crisis desatada por el caso Espert reconfigura el mapa dentro de La Libertad Avanza y amenaza con dejar secuelas en el Congreso. En menos de una semana, el economista pasó de presidir una de las comisiones más relevantes a enfrentar la posibilidad de perder su banca, mientras los diputados opositores prometen seguir presionando para que el Gobierno brinde explicaciones por la cadena de irregularidades que siguen saliendo a la luz.