En un nuevo gesto de confrontación con el Poder Ejecutivo, el Senado se prepara para sesionar este jueves con el objetivo de rechazar el veto que el presidente Javier Milei aplicó sobre la ley que obliga a distribuir entre las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). La iniciativa había sido promovida en julio por los mandatarios de los 24 distritos.

El tema, que fue vetado la semana pasada, dominará una sesión con un temario variado en el que sobresalen proyectos de índole social.

Entre las iniciativas figuran la llamada “Ley Nicolás”, destinada a prevenir casos de mala praxis médica; la “Alerta Sofía” para la búsqueda de niños desaparecidos; y una reforma al Código Penal para aumentar las penas en situaciones de muertes provocadas en accidentes viales.

La convocatoria del Senado se enmarca en la misma línea de ofensiva legislativa que llevará adelante la Cámara de Diputados un día antes, donde se pondrá el foco en insistir con el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica ante la crisis del Hospital Garrahan, ambas medidas también vetadas recientemente por el Gobierno.

La inclusión del expediente en el orden del día de este jueves abre un escenario favorable para que la Cámara alta revierta el veto de la Casa Rosada, aunque el desafío es mayúsculo.

Para alcanzar ese objetivo, la oposición deberá asegurarse los dos tercios de los votos presentes en dos instancias: primero, para habilitar el tratamiento sin dictamen de comisión; y luego, para ratificar la ley y enviarla nuevamente a Diputados, donde deberá repetirse la misma mayoría calificada para que quede firme.

La norma que ordena la coparticipación de los ATN fue sancionada por Diputados el 20 de agosto, tras haber sido aprobada en el Senado el 10 de julio en una polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En esa oportunidad, el resultado fue contundente: 56 votos afirmativos contra apenas uno negativo, mientras que los legisladores libertarios se ausentaron cuestionando la validez del debate.

Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, el Gobierno buscó recomponer puentes con algunos gobernadores para frenar la seguidilla de traspiés legislativos que acumula en ambas cámaras desde hace dos meses.

En ese marco, el ministro de Economía Luis Caputo firmó convenios para asignación de obras públicas con el chubutense Ignacio Torres (Pro) y el tucumano Osvaldo Jaldo (PJ), dos referentes que habían marcado distancia debido a los incumplimientos en el envío de fondos por parte de la Nación.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, también se reunió con Jaldo en Tucumán y extendió la agenda de acercamiento al salteño Gustavo Sáenz (PJ), quien había mostrado predisposición a colaborar con el oficialismo, pero que se alejó en los últimos meses por los desencuentros con la gestión de Milei.

En paralelo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos encabezó encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos-Pro), Alfredo Cornejo (Mendoza-UCR) y Leandro Zdero (Chaco-UCR), todos gobernadores que provienen de Juntos por el Cambio y que sellaron acuerdos con el oficialismo de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, más allá de los gestos, persisten las dudas en varias provincias respecto a la Casa Rosada. Por ahora, esa desconfianza se traduce en la decisión mayoritaria de mantener el rechazo al veto presidencial.

Con excepción de Sáenz, los mandatarios con los que el Gobierno buscó acercarse en los últimos días cuentan con senadores alineados, aunque nada indica que eso vaya a modificar la votación. El panorama, por lo tanto, podría derivar en una nueva derrota parlamentaria para el Ejecutivo en la Cámara alta.

Además de la discusión por los ATN, la agenda de este jueves contempla el tratamiento de la “Ley Nicolás”, ya aprobada por Diputados, que establece controles más estrictos en la actividad médica tras el fallecimiento de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo.

También se abordará una reforma del Código Penal que eleva las condenas de 4 a 8 años de prisión en casos de muertes ocasionadas en siniestros viales cuando el conductor haya consumido drogas, alcohol o medicación que altere su capacidad de manejar.