La situación que atraviesa la discapacidad en argentina se encuentra en un momento muy particular, ya que, sumado a los escandalosos audios de su ex titular, Diego Spagnuolo, se suman numerosos recortes que afectan a las familias. En los últimos, días a unas 1700 familias de chicos con certificado de discapacidad les llegó un mensaje inesperado: sus hijos ya no contarían con el acompañamiento terapéutico en la escuela.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está llevando a cabo una auditoría sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral para verificar el cumplimiento de los requisitos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes los necesitan, tras detectarse irregularidades en el otorgamiento y cobro de pensiones.

Los recortes en la agencia se dan en el marco de las auditorías realizadas en la que dieron de baja la categorización de varios centros, dejando sin cobertura a cientos de pacientes.

Desde la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (CASAIE) advierten que además de las 1700 familias ya afectadas, hay otras 3500 que podrían recibir la misma notificación en cualquier momento. Según su presidenta, Elizabeth Foschi, “es necesario que existan controles, pero no con estas medidas arbitrarias que terminan castigando a los chicos”.

Esto se suma a los escandalosos audios divulgados en las últimas semanas de Diego Spagnuolo, ex titular del ANDIS, quien reveló un esquema de corrupción que involucra a Eduardo Menem y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei

En paralelo, en la Comisión de Discapacidad de Diputados, la oposición avanzó con proyectos para restituir todas las pensiones por invalidez laboral que fueron dadas de baja desde diciembre de 2023. La iniciativa, impulsada por Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés (UxP), apunta directamente contra la gestión de Milei. “Esto es por el derecho a las víctimas, les sacaron las pensiones sin ningún justificativo”, dijo Valdés.