Francia atraviesa una nueva crisis política que lo deja contra las cuerdas al presidente de la Republica, Emmanuel Macron. El último lunes, la Asamblea Nacional le dio la espalda al primer ministro, François Bayrou, que perdió la votación de confianza y ahora deberá renunciar a su cargo. 

Envuelto en una crisis política sin precedentes en la que los últimos tres primeros ministros renunciaron a su cargo en menos de un año, el mandatario cuenta con tres opciones para el futuro: disolver la Asamblea, designar a una nueva personalidad o dejar que el gobierno dimisionario gestione los asuntos corrientes, mientras se espera que surja una solución política más sólida.

La causa principal del rechazo a su ambicioso plan de ajuste presupuestario, que proponía recortes por 44.000 millones de euros, incluyendo medidas polémicas como la supresión de feriados. Su estrategia encontró fuerte resistencia tanto en la izquierda como en la extrema derecha, que se unieron para derribar al gobierno.

“Lo que tratamos hoy no es una cuestión política sino una cuestión histórica, que concierne a los pueblos y las naciones […] pero también a los niños y al mundo que les construimos”, lanzó, recordando que Francia “no ha tenido un presupuesto equilibrado desde hace 51 años. Desde esa fecha, los gastos aumentan, los déficits se repiten y las deudas se acumulan”, enfatizó Bayrou en su presentación.

Y añadió que, “paralelamente y no sin relación”, el país enfrenta “una inmensa cuestión de modelo social, desestabilizado por el sistema demográfico, la inmigración y las pensiones”.

Con a caída ya confirmada de François Bayrou y su gobierno abre el camino a una nueva etapa de la vida política francesa. Sobre la base del artículo 50 de la Constitución, el actual ocupante de Matignon (sede del gobierno) presentará al presidente de la República su dimisión y la del gobierno, tras 270 días en ejercicio.

Emmanuel Macron efrenta un futuro con tres opciones, en un contexto político marcado por la ausencia de mayoría clara en la Asamblea Nacional. El jefe del Estado podría, en primer lugar, designar a una nueva personalidad, proveniente de su propio campo o capaz de lograr consenso más allá de las divisiones políticas.