El gobierno de Javier Milei ejecutó una medida que tensó al máximo la relación con los otros dos poderes del Estado. Con la firma de Luis Caputo, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la resolución 1240, que dispuso el pase a disponibilidad de 343 trabajadores del INTA, el INASE y el INV. La decisión recayó incluso sobre el director nacional del INTA, Ariel Pereda, que había sido elegido por concurso.

El alcance de la resolución resultó devastador. El Ejecutivo afectó personal de planta permanente con estabilidad adquirida. Entre los perjudicados figuran 287 empleados del INTA, 8 del INASE y 51 del INV. A todos se les aplicó el argumento de la “transformación” o “disolución” de sus organismos de origen.

La maniobra del gobierno se produjo en un contexto de abierta confrontación. Dos días antes, la jueza federal de San Martín dictó una cautelar que prohibió al Ejecutivo tomar decisiones sobre los organismos intervenidos durante seis meses. El jueves, el Senado votó con 70 votos contra 9 la derogación del decreto 462/2025, que había habilitado la intervención del INTA, del INASE y de otros entes autárquicos. Pese a ese doble freno, el Ministerio de Economía avanzó en la madrugada siguiente con la resolución.

Desde el propio listado oficial se confirmó que la medida se apoyó en el decreto que el Congreso ya había dejado sin efecto. Allí se detalla la supuesta transformación del INTA en un organismo desconcentrado bajo Agricultura, la disolución del INASE y la modificación estructural del INV.

La reacción de los trabajadores no tardó. Pereda acompañó a más de 600 empleados del INTA que viajaron a la Plaza de los Dos Congresos para esperar el resultado de la votación en el Senado. Tras el desenlace y frente al avance del Ejecutivo, uno de los empleados incluidos en la nómina calificó la resolución como “una clara provocación”.

El Senado había dejado un mensaje contundente con la anulación de los decretos 462, 345, 351, 340 y 461, que concentraban facultades delegadas en el Presidente para avanzar con reformas sobre entes públicos. A pesar de ese revés, el oficialismo optó por desconocer la votación parlamentaria y la orden de la Justicia federal.

En paralelo, el discurso oficial intentó justificar la avanzada con un argumento político. Desde la Casa Rosada señalaron que “el INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”.

La tensión quedó marcada también en el plano político. En un video difundido en redes, la senadora Carolina Gaillard expresó: “No podemos permitir que el Presidente viole un fallo judicial y una decisión del Congreso. Lo que está haciendo es un atropello institucional que pone en riesgo la democracia”.

Con esta medida, el gobierno de Milei desconoció de manera simultánea al Congreso y al Poder Judicial, lo que abrió un conflicto institucional de alto voltaje. El futuro de cientos de trabajadores estatales y la estabilidad de organismos estratégicos como el INTA quedaron atados a una pulseada en la que el Ejecutivo mostró que no piensa retroceder.