El cierre del plazo para formalizar alianzas electorales y una nueva jugada parlamentaria se perfilan, con apenas horas de diferencia, como los ejes centrales de una agenda política que genera escaso interés ciudadano, pero refleja urgencias cruzadas. Este miércoles, la Cámara de Diputados será escenario de una prueba clave: legisladores alineados con gobernadores buscarán avanzar con dos iniciativas que condensan sus reclamos por recursos al Ejecutivo. La movida en Olivos, en tanto, apunta a ampliar el número de acuerdos con mandatarios provinciales de cara a octubre, y poner a prueba si ese entramado contribuye a sostener los últimos vetos presidenciales.

La intensidad política de la semana se hace notar tanto en declaraciones públicas como en trascendidos. Un ejemplo es el de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y hasta ahora aliado del oficialismo, quien durante un encuentro de provincias mineras reclamó una relación de reciprocidad con Javier Milei: «atención a los pedidos de los gobernadores a cambio del respaldo brindado para garantizar gobernabilidad». Una voz cercana al PRO afirmó que los acuerdos de listas con La Libertad Avanza (LLA) no implican frenar la avanzada legislativa por fondos, ya aprobada en el Senado y en espera de tratamiento en Diputados.

La convocatoria a sesión impulsada por bloques opositores tuvo efectos diversos dentro del oficialismo, dependiendo del contenido de cada tema. Algunas iniciativas recientes -como el caso del Hospital Garrahan– fueron rechazadas de plano. Pero las que realmente preocupan al Gobierno son las que impulsan las provincias: cambios en los ATN y en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. No sólo por lo que plantean, sino porque surgen de un acuerdo inédito entre los 24 distritos, a pesar de sus profundas diferencias políticas.

Si la sesión avanza como prevén los espacios opositores, esos dos proyectos marcarían un escenario más complejo que el típico choque entre el kirchnerismo y el oficialismo libertario. Allí aparecen los sectores dialoguistas, cuyo respaldo o enojo dependerá de lo que se negocie por fuera del Congreso. Si no hay avances concretos, el objetivo mínimo sería forzar al oficialismo a discutir los proyectos en comisión –algo que LLA bloquea cuanto puede– con la intención de que lleguen al recinto antes de fin de mes.

Hay dudas sobre si se mantendrá la unidad del reclamo que por ahora comparten los gobernadores. Una lectura moderada advierte que no debe mezclarse el reclamo por ATN y el ICL con la necesidad del Ejecutivo de asegurar el número para sostener los vetos del Presidente a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad. La única que parece completamente descartada en cualquier escenario es la moratoria previsional.

Este escenario genera múltiples reacciones. Entre los peronistas que colaboran con el oficialismo crece la idea de reactivar la unidad partidaria frente al avance de LLA. En Tucumán, Osvaldo Jaldo tomó protagonismo en el reclamo provincial ante la Nación, endureció su discurso y dio señales de recomposición con Juan Manzur, con quien había roto durante las elecciones pasadas.

Situaciones similares se registran en otras provincias gobernadas por el PJ, y también en los antiguos socios de Juntos por el Cambio. Dentro del radicalismo y del PRO hay claras diferencias. Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir se sumaron recientemente al grupo “tercerista” junto a Martín Llaryora, Ignacio Torres y Claudio Vidal, con la idea de incorporar a otros referentes no kirchneristas ni libertarios. También se da por hecho el arribo de Gustavo Valdés, enfrentado con LLA tras fracasadas negociaciones electorales.

Ese bloque de gobernadores, que ahora se autodenomina Provincias Unidas, se proyecta como una fuerza con peso legislativo en el Congreso post electoral. No competirán como un frente único en octubre, pero aspiran a consolidar una bancada propia a partir de diciembre, ante un posible reordenamiento de los bloques.

En paralelo, el PRO evidencia una crisis profunda. Ignacio Torres forma parte del armado de gobernadores ya mencionado. Rogelio Frigerio cerraría trato con LLA en Entre Ríos, y el macrismo ya selló su alianza en la Ciudad de Buenos Aires, en una lista dominada por libertarios y con fuerte impronta violeta. El radicalismo también atraviesa su fractura interna: Pullaro, Sadir y Valdés siguen su propio rumbo, mientras que Leandro Zdero y Alfredo Cornejo pactaron con LLA.

Desde Olivos celebran haber sellado acuerdos con oficialismos provinciales en cuatro distritos y buscan sumar a algún antiguo aliado del PRO. El acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, tras semanas de tensión, es el dato más relevante, con efectos que impactan también en la provincia de Buenos Aires, donde en septiembre se renuevan parcialmente la Legislatura y los concejos deliberantes.

Aun así, según fuentes del espacio dialoguista, los movimientos de cada gobernador en su territorio no aseguran que esa lógica se replique en el Congreso. El oficialismo parece avanzar en su intención de “blindar” los vetos presidenciales, pero esas cuentas no son directamente aplicables a las propuestas impulsadas por las provincias. Eso dependerá de otras negociaciones. Un escenario que mezcla fragmentación opositora con desafíos internos para el Gobierno.

La estrategia del Ejecutivo choca directamente con los reclamos planteados desde las provincias, incluso por sectores que le son afines. El resumen es claro: dicen haber apoyado decisiones clave del Gobierno y aportado estabilidad frente a los mercados y el FMI, pero sienten que sus demandas son sistemáticamente ignoradas. A eso se le suma, en muchos casos, la presión de la ofensiva violeta encabezada por Karina Milei, que busca disputarles poder en sus distritos o imponer condiciones de negociación extremadamente duras.