Esta semana el Gobierno podría enfrentarse a uno de los escenarios que más intenta evitar: perder el control de una de las cámaras del Congreso, en un contexto en el que una mayoría opositora, aunque coyuntural, amenaza con avanzar impulsada por el malestar que generó el destrato de la administración de Javier Milei hacia sus propios aliados. La tensión se concentra, principalmente, entre los espacios que responden a los gobernadores de la UCR, del Pro y del PJ, quienes hasta ahora venían acompañando las políticas oficiales y tolerando el delicado equilibrio parlamentario que enfrenta un oficialismo en clara minoría.

El Senado sería el escenario elegido para esta jugada política, donde el kirchnerismo ya amagó la semana pasada con solicitar una sesión especial este jueves. En ese encuentro se pondrían en debate iniciativas que incomodan directamente al Ejecutivo, cuya principal carta de defensa en los medios sigue siendo el argumento del equilibrio fiscal.

Para garantizar el quórum y lograr abrir el recinto —aún si Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del cuerpo, no responde al pedido formal de sesión, tal como prevé el reglamento—, los opositores pondrían sobre la mesa los proyectos consensuados entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esas iniciativas exigen que la Casa Rosada libere los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una parte significativa de la recaudación por impuestos a los combustibles y fondos fiduciarios que el Gobierno mantiene retenidos, pese a los reclamos de los gobernadores que aseguran que esos recursos les pertenecen.

Además, en la misma sesión, se buscaría avanzar con la actualización de las jubilaciones en un 7,2%, elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, extender la moratoria previsional que caducó en marzo y declarar la emergencia en la asistencia a personas con discapacidad. Tres puntos de fuerte impacto social que, para complicación del Gobierno, ya cuentan con media sanción de Diputados. Si el Senado los aprueba, se convertirán en leyes que Milei debería vetar públicamente, tal como él mismo se comprometió.

Por ahora, el oficialismo apenas dejó trascender algunas señales y solicitó a los gobernadores que posterguen el tratamiento de esos proyectos que se acordaron hace diez días en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde el Gobierno les pidieron que no se sumen a la avanzada kirchnerista y, en cambio, permitan que los temas se discutan primero en comisiones del Senado.

“Si quieren negociar…”, lanzó un senador opositor que suele colaborar con el oficialismo, al criticar la estrategia del Ejecutivo. “No tiene lógica lo que pide el Gobierno. No solo porque los gobernadores mostraron su disposición a hablar y dijeron que no, sino porque si realmente quieren negociar, tienen la instancia de la Cámara de Diputados”, argumentó.

Una voz similar se escuchó desde las filas de la UCR, de parte de un legislador que responde a un mandatario provincial: “La lógica indica que si tenés el número en el Senado avanzás y (si el Gobierno quiere negociar), te queda Diputados”, opinó.

Mientras tanto, en el círculo de confianza de Villarruel reina la preocupación por las señales contradictorias que reciben desde Balcarce 50. “El hecho de la autoconvocatoria sería fuerte, sería el peor escenario para el Gobierno porque esto es como un virus, si pasa en el Senado se va a contagiar a la Cámara de Diputados”, advirtió un legislador alineado con el oficialismo en diálogo con este medio.

Frente a este panorama, algunas voces libertarias dentro de la Cámara alta analizan alternativas para frenar un eventual avance opositor sin que se concrete una autoconvocatoria sin el aval de las autoridades. El plan es intentar acordar en una reunión de Labor Parlamentaria el debate de los proyectos, llevarlos primero a las comisiones correspondientes y luego sí, convocar formalmente a una sesión especial la semana siguiente.

Sin embargo, el principal obstáculo interno es Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y jefe de los libertarios en el Senado. A pesar de que reconoce en privado su responsabilidad por el retraso, se resiste de manera constante a habilitar el tratamiento de las iniciativas, manteniendo la comisión cerrada desde hace cuatro meses, desoyendo los reclamos opositores.

Para los sectores más moderados dentro del oficialismo, el objetivo es al menos consensuar con los distintos jefes de bancada el orden de la sesión prevista para el jueves, y así evitar lo que califican como un “zafarrancho”, con un Senado “autoconvocado”, donde, según admiten, “puede pasar cualquier cosa”.