A 47 días del allanamiento, se conocen nuevas pruebas que refuerzan las sospechas de encubrimiento por parte del laboratorio. La causa avanza con múltiples delitos en investigación, desde homicidio culposo hasta destrucción de evidencia.
El escándalo por la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó 52 muertes en hospitales de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Neuquén sumó un nuevo capítulo: ahora la Justicia investiga la destrucción deliberada de registros clave en el laboratorio HLB Pharma, ubicado en San Isidro.
Un video difundido por la periodista Camila Dolabjian en La Nación muestra el estado en que se encontraban las oficinas del laboratorio el 12 de mayo, tres días antes de que fueran allanadas por orden del juez federal Ernesto Kreplak. En las imágenes se observan papeles triturados, archivos revueltos y una pared rayada con la frase: “100 familias sin laburo”.
“¿Pero qué pasó acá?”, pregunta una trabajadora. “Un desastre”, responde otra. Según las fuentes del caso, esa zona correspondía a los sectores donde se guardaban los registros de producción y control de calidad, documentos esenciales para investigar la contaminación de las ampollas con bacterias como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae.
Aunque la empresa intentó justificar el estado del lugar como producto de un “acto vandálico”, fuentes vinculadas a la causa deslizaron que se habría tratado de una maniobra para entorpecer la respuesta ante los pedidos de información de la Justicia y la Anmat. Esa sospecha crece con el dato de que, tras los allanamientos del 15 de mayo, cuatro camiones de la firma Tres Arroyos retiraron mercadería de las plantas de San Isidro y Ramallo, y la trasladaron a depósitos en General Rodríguez que nunca fueron inspeccionados.
Esos movimientos podrían reconstruirse con los registros de Lo Jack (hoy Strix), la empresa de rastreo satelital que monitoreaba los vehículos.
La actividad de HLB Pharma fue suspendida por Anmat el 13 de mayo, apenas dos días antes del allanamiento, y recién después de la denuncia pública sobre las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. En paralelo, la firma también denunció una supuesta entradera en la que habrían robado cajas fuertes con citrato de fentanilo, una sustancia controlada por Sedronar.
La investigación judicial avanza con múltiples líneas: homicidio culposo, encubrimiento, adulteración de medicamentos y entorpecimiento de la acción de la Justicia.
