El presidente Javier Milei apuntó contra Axel Kicillof por la nacionalización de YPF, a la que responsabilizó por el fallo adverso de la jueza Loretta Preska. Mientras tanto, la defensa oficial de la Argentina sostuvo la postura contraria. Esta tensión interna sumó incertidumbre al futuro del litigio en Estados Unidos.

Los abogados del Estado anunciaron la apelación de la sentencia que ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital. En paralelo, Milei culpó al exministro de Economía por haber ignorado el estatuto de la compañía al ejecutar la expropiación. Según especialistas, esta declaración se apartó de la posición histórica del país, que insistió en que la Constitución prevalece sobre las normas internas de una sociedad anónima. En palabras de la defensa argentina, «Constitución mata estatuto». Ese concepto estableció que una ley de expropiación aprobada por el Congreso no requiere una oferta pública para los accionistas minoritarios.

Desde el inicio del conflicto judicial, todos los gobiernos defendieron ese argumento. La administración de Cristina Fernández de Kirchner, el mandato de Mauricio Macri y luego el de Alberto Fernández sostuvieron que la Constitución Nacional legitimó el procedimiento. Incluso el actual equipo jurídico de Milei reiteró esa premisa ante la justicia neoyorquina. Sin embargo, el propio presidente optó por responsabilizar a Kicillof por no haber cumplido con el estatuto.

Este gesto generó asombro entre juristas y expertos en litigios internacionales. Al repetir la acusación de Burford, Milei introdujo un matiz que puede interpretarse como un respaldo parcial a la pretensión del fondo buitre. «Lo que está en juego no es solamente un error de comunicación o una torpeza política. Es un gesto diplomático y legal que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión», afirmó un abogado que sigue el expediente.

La situación produjo un contraste notable. Por un lado, la Casa Rosada ratificó la línea de defensa que se basó en la supremacía constitucional. Por otro, el Presidente difundió un mensaje que negó esa doctrina y coincidió con el relato de la parte demandante. Varios analistas señalaron que esa inconsistencia debilita la posición procesal de Argentina y puede alentar a Burford a endurecer su reclamo.

La ofensiva de Milei alimentó especulaciones sobre un eventual acuerdo extrajudicial. Según fuentes vinculadas al caso, el fondo contrató como interlocutor a Gery Matto, un asesor que conoció de cerca otras controversias con el Estado argentino. Aunque la defensa oficial ya presentó la apelación, la posibilidad de una negociación permanece abierta.

El gobierno también solicitó a la jueza Preska un recurso de Stay para suspender la ejecución de la sentencia hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo. Una fuente judicial anticipó que «la causa entraría en un período de hibernación, hasta que a mediados del año que viene haya un pronunciamiento en segunda instancia respecto a la apelación de fondo». El mismo especialista remarcó que esa estrategia podría verse afectada si el Ejecutivo «tiene una política de hacer goles en contra».

La controversia por YPF adquirió un tono ideológico. Si Milei decide interrumpir la vía judicial y firmar un decreto para desistir del pleito, ese gesto se interpretará como un reconocimiento de legitimidad a los fondos buitre. La renuncia a continuar la apelación no implicaría un trámite técnico, sino una definición política que conlleva consecuencias patrimoniales y penales.

Para la defensa del Estado, cualquier pago voluntario sin agotar los recursos disponibles expondría a los funcionarios a eventuales denuncias por incumplimiento de deberes. Esa hipótesis se refuerza con el mensaje oficial que califica la sentencia como injusta. En ese escenario, aceptar las condiciones de Burford equivaldría a una rendición deliberada frente a una parte que la Argentina acusó de mala fe.

La causa se mantendrá en la agenda pública durante los próximos meses. Cada declaración presidencial quedará bajo escrutinio. El litigio ya no sólo enfrenta al país con un fondo de inversión: exhibe la contradicción entre la narrativa política y la estrategia legal del propio gobierno.