La polémica por la entrega de 160 viviendas del edificio Sagol a efectivos de las fuerzas federales por parte del Ministerio de Seguridad nacional sigue escalando. Los inmuebles, construidos bajo el programa Procrear y adjudicados en 2023 a familias que atravesaron un riguroso proceso de selección, fueron reasignados sin previo aviso, lo que desató una ola de indignación y acciones judiciales.

El defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, confirmó que ya se presentó la primera demanda colectiva en representación de unas 60 familias damnificadas, y anticipó que podrían sumarse muchas más en los próximos días. “Es una estafa institucional. Estas familias cumplieron con todos los requisitos y fueron despojadas sin explicación”, declaró.

Las viviendas, ubicadas a metros de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, estaban listas para ser habitadas desde fines de 2023. Sin embargo, tras la asunción del nuevo gobierno, el proceso fue paralizado y la web oficial del Procrear fue dada de baja, dejando a los adjudicatarios sin acceso a su documentación ni canales de reclamo.

El acto de entrega a las fuerzas federales fue encabezado por la ministra Patricia Bullrich en un evento cerrado, fuertemente custodiado, al que no se permitió el ingreso de los beneficiarios originales ni del propio defensor del Pueblo.

Desde el municipio de Avellaneda se comprometieron a brindar asistencia legal y social a los afectados, mientras que dirigentes locales denunciaron una “vendetta política” y un uso arbitrario de bienes públicos. “Si querían viviendas para las fuerzas, había otros predios disponibles. Esto fue un atropello”, sostuvo el dirigente Armando Bertolotto.