Martín Lousteau generó una nueva fractura dentro del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. La bancada vinculada al titular del partido y al espacio Democracia Para Siempre (DPS) —donde también se encuentra Facundo Manes— impulsó una sesión especial para el próximo 2 de julio con la intención de debatir una serie de proyectos relacionados con el presupuesto universitario, la emergencia pediátrica, límites al uso de DNU y la implementación del juicio por jurados.

El pedido fue acompañado por todas las firmas del bloque DPS, así como por dos legisladores del radicalismo tradicional: el mendocino Julio Cobos y la jujeña Natalia Sarapura. La solicitud se formalizó este martes por la tarde, justo cuando la Justicia concedía la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, lo que acaparó la atención de Unión por la Patria, motivo por el cual sus miembros no adhirieron a la convocatoria, ya que estaban enfocados en la marcha convocada para este miércoles.

Sin embargo, ni la Coalición Cívica ni Encuentro Federal figuran entre los firmantes. Voceros de esos espacios explicaron que no fueron invitados por DPS, que decidió avanzar en solitario para marcar su posición dentro de la UCR. «Si quieren ampliar temas, estamos dispuestos a conversar», respondieron desde el sector disidente del radicalismo.

El pedido reúne las 12 firmas de DPS, a las que se suman las de Mario Barletta, exintegrante de la bancada radical que hoy tiene monobloque propio, y las de Cobos y Sarapura, aún pertenecientes formalmente al bloque conducido por Rodrigo De Loredo, que con sus 14 integrantes se mantenía hasta ahora alineado con el oficialismo.

Por su parte, el sector identificado como oficialismo radical, agrupado bajo el nombre Liga del Interior, reúne a seis diputados.

Durante la última sesión —en la que se abordaron temas como jubilaciones y discapacidad— Cobos, Sarapura y Barletta facilitaron el cuórum, dejando clara su decisión de distanciarse del Gobierno, a diferencia de los gobernadores radicales. En paralelo, el tucumano Roberto Sánchez, miembro del bloque centenario, también se perfila para tomar una posición crítica, tras haber votado con la oposición.

La estrategia de Martín Lousteau

Los proyectos sobre presupuesto universitario y emergencia pediátrica —que incluye medidas para asegurar el funcionamiento del Hospital Garrahan— no tienen posibilidades de ser convertidos en ley de forma inmediata. La estrategia es presionar para que la comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, les otorgue dictamen y puedan ser tratados en el recinto.

En cuanto a los decretos de necesidad y urgencia (DNU), DPS buscará el respaldo suficiente para que se trate en el Senado un proyecto aprobado en comisiones el año pasado. Aunque aún resta acordar un texto unificado, todas las propuestas apuntan a limitar la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por decreto.

El dictamen con mayor apoyo cuenta con el aval de Unión por la Patria, Margarita Stolbizer de Encuentro Federal y DPS. Este proyecto establece que los DNU perderán vigencia «en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación». Además, aclara que, incluso si los decretos son emitidos fuera del período ordinario de sesiones, las cámaras podrán tratarlos sin necesidad de un llamado extraordinario del Poder Ejecutivo.

En este punto, tanto la Coalición Cívica como la UCR tradicional se oponen a establecer plazos de caducidad, alegando que la Constitución Nacional no prevé tal límite, a diferencia de lo que sucede en otras naciones.

Otro proyecto con amplias chances de avanzar es el que reglamenta el juicio por jurados, una iniciativa promovida por el propio Milei pero que no fue impulsada por su gobierno. Tiene apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas e incluye un detalle llamativo: obliga a los jueces a portar toga y martillo.

Presupuesto universitario y emergencia pediátrica: temas clave

Sobre el tema universitario, aunque se contempla el tratamiento de todos los proyectos en danza, DPS concentrará sus esfuerzos en impulsar el texto promovido por los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo directo de la diputada Danya Tavela.

La propuesta del CIN incluye la reapertura de paritarias con un plazo máximo de tres meses, la indexación de los salarios con efecto retroactivo a 2023 y un aumento de los fondos destinados al funcionamiento de las universidades. Esta iniciativa es similar a la que fue aprobada y luego vetada el año pasado, cuando la mayoría de la UCR aún votaba en conjunto, antes de la actual división interna. El 2 de julio se espera una nueva muestra de esa fragmentación.

En cuanto a la emergencia pediátrica, ya obtuvo dictamen en la comisión de Salud y Acción Social, pero aún requiere tratamiento en Presupuesto, por lo cual se solicitará un nuevo emplazamiento. La emergencia se declara por dos años e incluye la creación de un fondo especial que el Gobierno deberá implementar para garantizar el servicio en todas las jurisdicciones del país.

El diputado Pablo Yedlin (UP) intentó avanzar con ese emplazamiento en la última sesión, pero el intento fracasó por falta de cuórum. Según la oposición, el horario de madrugada provocó ausencias que podrían haberse evitado. El objetivo ahora es alcanzar los 129 votos necesarios para habilitar el debate, y ahí los votos radicales podrían ser decisivos para suplir los espacios que dejan vacíos los aliados de los gobernadores.

En caso de no lograrlo, los sectores internos del radicalismo responsabilizarán a sus pares del posible fracaso. Además, el temario impulsado por Cobos incluye otros temas como el cambio del huso horario, medidas fiscales para pymes y la creación de una ventanilla única, así como el emplazamiento de comisiones para debatir un plan integral de salud mental.