El gobierno de Javier Milei reafirmó su intención de mover la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión que despertó inquietud entre diplomáticos y funcionarios de carrera. La medida representa una señal política con alto impacto internacional, debido a que Jerusalén es un territorio en disputa y que organismos como la ONU desaconsejan reconocer como capital mientras no se resuelva el conflicto con Palestina.

El canciller israelí Israel Katz celebró el anuncio tras una reunión con el embajador argentino en ese país, Rabbi Shimon Wahnish. “Estoy seguro de que pronto veremos la nueva embajada argentina en Jerusalén, la eterna capital de Israel”, expresó a través de sus redes sociales.

En los despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores creció la preocupación por los efectos de esta política en otros escenarios, especialmente en el reclamo por las Islas Malvinas. Una fuente con experiencia en temas de soberanía aseguró que “la ideologización de la política exterior del gobierno puede complicar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas”.

La inquietud dentro del Palacio San Martín aumentó tras la participación de la canciller Diana Mondino en el Comité de Descolonización de la ONU. Allí, la Argentina consiguió una nueva resolución por consenso que instó al Reino Unido a retomar las negociaciones con el gobierno argentino para encontrar una solución pacífica a la disputa por Malvinas. Aunque el apoyo internacional se mantuvo firme, en Cancillería reconocen que el escenario podría cambiar.

Diplomáticos que integran la misión argentina ante Naciones Unidas advirtieron que la iniciativa de trasladar la embajada podría quebrar ese consenso. “Por primera vez estuvimos a punto de ir a votación. Si llegan a trasladar la capital perdemos no solo el voto árabe sino el de todo mundo islámico”, explicó una fuente con acceso al Comité.

La misma fuente remarcó que el Comité tiene integrantes con posturas críticas hacia Israel, como China, Rusia, Venezuela y varios países árabes. “El año que viene, si seguimos así, hasta podríamos perder”, alertó. Para esos funcionarios, el resultado de esta última reunión funcionó como una advertencia.

El propio discurso de Mondino en el Senado, donde fue interpelada por el radical Martín Lousteau, contradijo la postura que ahora impulsa el Ejecutivo. En aquel momento, la canciller no confirmó el traslado y buscó evitar definiciones que pudieran generar controversias con la comunidad internacional.

La política exterior impulsada desde la Casa Rosada también incluye un rechazo explícito a la Agenda 2030, una posición impulsada por Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. La abogada Úrsula Basset fue designada para representar esa postura en foros internacionales, lo que ya generó conflictos en votaciones recientes en la OEA.

Este giro provocó tensión en ámbitos diplomáticos. El incumplimiento de compromisos firmados por la Argentina pone en riesgo vínculos con países centrales como Estados Unidos, Alemania y Francia, que mantienen una fuerte apuesta en sectores estratégicos como energías renovables y explotación de litio.

Además, la negativa a tratar temas ambientales podría generar una respuesta adversa por parte de países del Caribe. “Si vos todo el tiempo bloqueás temas de importancia para ellos, no te extrañe que mañana voten contra Malvinas como represalia”, explicó una fuente consultada.

En el ámbito interno, diplomáticos de carrera cuestionaron la conducción actual de la Cancillería. “La cancillería está guiada por ideólogos y no por profesionales”, dijeron. Señalaron como responsables al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, y al vicecanciller Leopoldo Sahores, ambos con vínculos con el PRO. También mencionaron a Mariana Plaza, embajadora en Londres, a quien acusan de no realizar gestiones concretas por el tema Malvinas.

El descontento se extendió a sectores del radicalismo y del propio oficialismo, que observan con preocupación el rumbo que tomó la política exterior. La combinación de decisiones ideológicas con gestos unilaterales, como el traslado de la embajada, amenaza con debilitar las posiciones tradicionales del país en foros internacionales donde antes obtenía respaldo sin objeciones.