En un fallo que ya se inscribió entre los más trascendentes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. El máximo tribunal —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de la exmandataria y de otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, y dejó firme la pena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, ratificada por la Cámara de Casación Penal.

Se trata de la primera condena con cumplimiento efectivo contra un expresidente en democracia por hechos de corrupción. La sentencia implica un golpe jurídico, político y económico de enorme magnitud para Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la Corte ordenó la restitución de más de 84.000 millones de pesos al Estado Nacional como parte del perjuicio ocasionado por las maniobras fraudulentas ejecutadas durante sus mandatos.

Tras conocerse la decisión del máximo tribunal, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un escrito al Tribunal Oral Federal 2 para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla la condena en su domicilio de la calle San José 1111, donde vive con su hija Florencia. Reclamaron que se disponga de manera directa el arresto domiciliario, sin requerir su paso por una alcaidía.

El pedido aludió a la edad de la exmandataria, que tiene 72 años, y a los riesgos para su seguridad por su condición de expresidenta y el atentado que sufrió en septiembre de 2022. “El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, plantearon sus abogados, y consideraron que dejarla presa en una cárcel común “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados”.

Beraldi y Llernovoy también señalaron que un eventual traslado a una cárcel implicaría “un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”. Por eso, solicitaron además que no se le coloque tobillera electrónica, dado que cuenta con custodia las 24 horas y eso “resulta completamente innecesario”.

“Ante el improbable caso de que estas peticiones no sean favorablemente acogidas, dadas las garantías constitucionales y convencionales que serían vulneradas, hacemos expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”, advirtieron en el escrito.

El juez Jorge Gorini dio un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados para presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 y quedar detenidos, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, recibió un pedido del TOF 2 para que en un plazo de 24 horas proponga un lugar de detención dentro de las fuerzas federales, en caso de que no se conceda la prisión domiciliaria.

Altas fuentes del Ministerio aseguraron que se estaban evaluando distintas dependencias, como la Alcaidía de Mujeres en Palermo o un establecimiento federal de Gendarmería en el barrio de Retiro. Desde el entorno de la expresidenta, el abogado Gregorio Dalbón afirmó que “la situación suya dependerá exclusivamente del TOF 2 que la juzgó. De ninguna manera depende de la ministra. No tiene competencia para inmiscuirse en el Poder Judicial”. También apuntó contra Bullrich al recordar que “se hacía campaña con una cárcel con el nombre de CFK”.

Dalbón se encuentra en La Haya, donde presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por “persecución política, judicial y mediática” contra Cristina Kirchner. La semana próxima prevé viajar a Washington para presentar otra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.