Mientras en Casa Rosada se respiraba un clima de extrema cautela, la política argentina atravesaba un sacudón. La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad sorprendió incluso a funcionarios del oficialismo. Hasta el mediodía del martes, en los pasillos de Balcarce 50 no se esperaba ningún movimiento del máximo tribunal. Sin embargo, entre las 14 y las 16, los operadores judiciales ligados al presidente Javier Milei fueron notificados de que el fallo era inminente. Y así ocurrió.

La sede del Ejecutivo nacional permanecía semivacía, con la ausencia del propio Milei, de viaje en Israel, y de su hermana, Karina Milei, también fuera del país. Las figuras clave que permanecieron en el edificio fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

La primera señal pública llegó a las 17:20. Desde su hotel en Israel, el presidente rompió el silencio con un tuit en el que fijó la posición oficial. La indicación hasta ese momento había sido no emitir declaraciones hasta que el fallo se hiciera público. El mensaje apuntó directamente al PRO, denunciando su rol en el debate por la caída del proyecto de Ficha Limpia. En la misma línea, Manuel Adorni escribió en X: «Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’. Fin.» La frase remató la postura de un oficialismo que, horas antes, había sido acusado de haber pactado con CFK para evitar su condena.

El propio Milei había sido blanco de críticas por parte de sectores del PRO que hablaron de un acuerdo para proteger a la expresidenta. Con la condena confirmada, desde el entorno libertario salieron a desmentir cualquier vínculo: «Nunca tuvimos nada que ver.» En la misma línea se expresó Macarena Alifraco, mano derecha de Caputo, al postear: «Condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la cara de todos los payasos que recorrieron los medios acusando un pacto de impunidad.» A su vez, Javier Lanari, número dos de Adorni, sumó: «Se la pasaron meses hablando de ‘Pacto de Impunidad’ entre Cristina y Milei. Qué dirán ahora los que hicieron campaña con eso.»

Mientras tanto, dentro del Gobierno se analizan los efectos políticos de la decisión judicial. Fuentes del entorno de Milei aseguraron que «el peronismo se puede unir o romper en mil pedazos». Para un operador cercano al Presidente, «eso pasa cuando cae un líder. Una vez que no hay más líder, ya no hay más una líder de esos votos.»

En ese contexto, en Casa Rosada consideran que no habrá una transferencia automática de votos tras la salida de CFK del tablero electoral. «Ojalá fuese tan fácil esa transferencia. Esos votos ya no los puede usar el peronismo. El mundo ya no funciona así», opinó un funcionario cercano al Presidente.

A pesar de la dureza del mensaje libertario, puertas adentro existe una mirada dividida. En el despacho que comanda Caputo reconocen que no querían que Cristina fuera condenada. No por inocencia, sino porque temen que pueda victimizarse y recuperar centralidad política, al estilo Lula da Silva en Brasil. “Presión mediática”, reconocen, juega un rol clave en este escenario, donde cada movimiento tiene peso en la opinión pública.

Sin embargo, hay sectores del oficialismo que celebraron abiertamente la decisión judicial. Entre ellos, Agustín Laje, referente ideológico del Presidente, ha insistido en la necesidad de ver a CFK detenida. También José Luis Espert, con ambiciones en la provincia de Buenos Aires, ha repetido duras críticas contra la líder peronista, aunque su falta de acción concreta en la Tercera Sección Electoral genera dudas sobre su verdadero posicionamiento.

En paralelo, desde el Ejecutivo buscaron despegarse del fallo. «El Gobierno no tiene nada que ver con un juicio que lleva diez años. Lo que no hicimos fue interferir», afirmaron desde Balcarce 50. Y reiteraron: «Nosotros no tenemos nada que ver.»

Pero la preocupación está puesta también en el escenario social. En el oficialismo se preparan para posibles movilizaciones en respuesta a la decisión del Tribunal. «Vamos a levantar todos los cortes que haya dentro de la ley y el orden», avisaron. Y fueron más allá: «Los cortes que hagan nos benefician porque joden a los laburantes.»

Mientras tanto, el Presidente sigue los acontecimientos desde el exterior y el resto del Gabinete monitorea minuto a minuto las repercusiones de un fallo que sacude la estructura política argentina.