Julieta Smulevic, consejera escolar de Unión por la Patria (UP), advirtió que la medida adoptada por intendente de San Isidro Ramón Lanús sobre el sistema de fotomultas, operado parcialmente por la Universidad de San Isidro, “es una maniobra para desviar la atención del vaciamiento educativo: la falta de inversión en la UNSO (Universidad Nacional Scalabrini Ortíz) y en las escuelas públicas del distrito”.

“Mientras esquiva hacer la denuncia contra la gestión anterior  y arma una escena mediática, Lanús evita hablar de lo importante: el abandono de la única universidad pública del distrito y la falta de inversión en la educación pública”, sostuvo Smulevic al tiempo que denunció la subejecución presupuestaria y la falta de claridad en el uso de los fondos educativos que recibe el Municipio.

En igual sentido se habían expresado días atrás los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Estefanía Rivadulla quienes exigieron que el Ejecutivo haga la denuncia pertinente contra la gestión anterior si existen pruebas de que hubo irregularidades en el sistema de fotomultas.

Para la consejera, el accionar del intendente forma parte de una política sistemática de desinterés por el fortalecimiento del sistema educativo. Según explicó, desde que asumió Lanús “no se presentó ninguna propuesta de mejora ni expansión para la Universidad de San Isidro (UNSO) lo que demuestra una intención de desfinanciar progresivamente la institución”.

En cuanto a los niveles educativos inicial, primario y secundario, Smulevic remarcó que San Isidro en 2024, recibió cerca de 2.000 millones de pesos del Fondo Educativo y 1.400 millones del subsidio de la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada), “y lo único que sabemos de eso con certeza es que no se usaron para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas públicas”, denunció.

Smulevic aseguró que, actualmente, más de 100 edificios escolares presentan graves problemas de infraestructura, lo que afecta a miles de estudiantes, docentes y personal no docente.

Finalmente, la consejera dijo que “ni a Ramón Lanús ni a Gustavo Posse les importa la educación pública, ambas gestiones profundizaron la brecha entre la educación privada y la pública, sin inversión ni transparencia. La excusa de la fotomulta esconde una interna entre ellos y la finalidad es ocultar que, en realidad, son socios”.