La sociedad argentina está consternada ante la muerte del joven militante de 23 años que perdió la vida por el sólo hecho de solidarizarse con el reclamo justo de cientos de trabajadores que se manifestaban en defensa de sus derechos laborales.
Lo ocurrido nos recuerda a otras situaciones de violencia que se produjeron no hace mucho tiempo en nuestro país: la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y la de Carlos Fuentealba, casos que también nos estremecieron y ante los cuales aseguramos que no deberían suceder “nunca mas”.

Pero aún así, el pasado se repite y hoy volvemos a ser espectadores de similares hechos de violencia bajo las mismas características que los anteriores: complicidad policial e incapacidad del Estado para resolver en forma pacífica este tipo de conflictos.

Los conflictos laborales vuelven a ser el escenario de una inusitada violencia ejercida desde los gremios, que lejos de defender a los trabajadores actúan en contra de ellos resguardando intereses políticos y económicos.

Tal es la justificación del uso de la violencia, que luego de la muerte de Ferreyra hemos escuchado al dirigente José Pedraza -Secretario General de la Unión Ferroviaria- declarar abiertamente que “se puede tolerar palos y piedras en un conflicto, pero jamás un disparo". La simplicidad de la frase encierra la más cruenta aberración…

El derecho a huelga y la libertad de expresión están garantizados por nuestra Constitución Nacional, y por ende todas las demandas sociales deben desenvolverse en forma pacífica y ser atendidas en el marco de la institucionalidad. Para ello, las autoridades nacionales y provinciales deben asumir sus responsabilidades y estar a la altura de las circunstancias para dar respuesta a los reclamos de la sociedad.

La pasividad e inoperancia del Gobierno ha desencadenado en estos trágicos y lamentables hechos que costaron la vida de un estudiante, ello sumado a la complicidad policial que permitió liberar la zona para que los agresores actuaran impunemente.

Hoy todas las instituciones de la sociedad, los partidos políticos, los gremios y los ciudadanos debemos movilizarnos y exigirle al Estado una investigación profunda y transparente que garantice el esclarecimiento de los hechos y la condena de sus responsables.