A Mariano Ferreyra, militante asesinado.
A Elsa Rodríguez, militante que lucha por su vida.

La Real Academia Española define a la emboscada como una ocultación de una o varias personas en parte retirada para atacar por sorpresa a otra u otras. También la describe como la Asechanza, maquinación en daño a alguien.

Y es esta última acepción de la palabra es la que podría aplicarse al brutal hecho que provocó la muerte de Mariano, el estado crítico de Elsa Rodríguez, y otros heridos que estaban en el lugar del furtivo ataque.

Existe un tipo de violencia que ya pareciera una marca registrada de ciertos sectores del espectro sindical: el uso de armas de fuego en las manifestaciones no ya para amedrentar sino para darle un efectivo uso. En esta ocasión abordando en forma artera y premeditada a un sector militante que se sabe desarmado. Combativo, sí, pero nunca asesino.

Pero la violencia de esos individuos, enquistados en una elite de sátrapas que prefieren negociar con los empleadores antes que escuchar a los trabajadores del sector, se hace visible de la peor manera. Nuestra historia está plagada de procederes violentos para alcanzar o hacer perdurar un objetivo. No es la idea de estas líneas hacer un recuento de lo nefasto de la “patota sindical” traidora y genuflexa.

El uso del sicariato como forma de “tercerizar” venganzas o atentados puntales en nuestra Latinoamérica es cada vez más frecuente. Pero en el caso local estos “matones útiles” efectúan estos atentados liberados de las formas contractuales del sicario: vale decir que lo hacen con un componente de exhibicionismo, soberbia y gratuidad.

Usted me dirá que cobran un sueldo, que poseen beneficios específicos: le puedo decir sin temor a equivocarme que, independientemente de alguna relación con el dinero, lo hacen como mecanismo de ascenso en la “banda”. Que el resultado ulterior buscado sea alcanzar ciertos estamentos sindicales de poder no quita la particular “vocación” para el crimen que detentan estos sujetos. Una tendencia que parecía en desuso vuelve a instalarse con más fuerza entre ciertos sectores recalcitrantes del sindicalismo vernáculo.

No existe un plan sistemático en manos de los autores materiales. Pero no debemos descartar que lo haya en sus mentores o llamados en la jerga tribunalicia “autores intelectuales”.

No es casualidad la relación entre la virulencia desplegada y la instalación del precepto constitucional del reparto de las ganancias en el ámbito legislativo nacional.

Nada en este país, ni en ningún otro, se rige por las leyes de lo aleatorio cuando de luchas de poderes se trata.

Los medios de comunicación, en su actual confrontación, pretenderán inculpar o “endosar” las consecuencias en ciertas causas. Nade de esto contribuye a descubrir a los asesinos. Los testigos del hecho deben hablar, primero, en los tribunales. Firmando y comprometiéndose en el único lugar útil en estos días para procurar justicia. Los muertos y los heridos no son instrumentos de negociación gremial. No basta con ir al programa televisivo del mediodía a almorzar con una señora asustada por la ola de inseguridad para comentarle que esto es culpa del gobierno y sacar rédito proselitista sobre la sangre derramada.

A los hombres infames de nuestra historia política los conocemos, y sabemos de sus prácticas criminales desestabilizadoras. Ya no nos engañan. Aunque tengamos los puños cerrados e impotentes, aunque la rabia sea la definición de nuestro sentimiento hoy pedimos justicia institucional y no ejecuciones sumarias.

* Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría Privada de la Municipalidad de San Martín.