La Confederación General del Trabajo (CGT) sigue a la espera de una resolución concreta por parte del Gobierno sobre la restitución de cientos de miles de afiliados a las obras sociales sindicales. La promesa del ministro de Salud, Mario Lugones, de revertir parcialmente el traspaso de afiliados a las prepagas mantiene en vilo a la conducción de la central obrera, que evalúa su cumplimiento antes de decidir si avanza con medidas más drásticas.

El compromiso asumido por Lugones ante el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, busca contener el malestar de los gremios afectados por la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La normativa, publicada el 31 de enero, dispuso la transferencia automática de afiliados que habían sido registrados a través de acuerdos entre las obras sociales sindicales y empresas de medicina privada. Aunque el Gobierno argumentó que su intención era frenar la proliferación de “sellos de goma” gremiales, la medida también perjudicó a organizaciones sindicales de peso con convenios de prestación legítimos.

Los gremios afectados y el rol de la «mesa chica»

Los sindicatos más golpeados por la medida incluyen a los petroleros, el personal del gas, la Asociación Bancaria, Aeronavegantes y el gremio del vidrio (Seivara), entre otros. En todos estos casos, las obras sociales mantenían acuerdos con prepagas para la prestación de ciertos servicios, pero sin perder el control sobre el padrón de afiliados. La decisión del Gobierno de traspasar automáticamente esos beneficiarios a las empresas privadas generó una fuerte reacción interna en la CGT.

Desde entonces, la «mesa chica» de la central obrera, integrada por Daer, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (Seivara), inició gestiones en silencio con el oficialismo para revertir el daño. La estrategia de este grupo fue diferenciar a las obras sociales con acuerdos legítimos de los «sellos de goma» y negociar una salida con el Gobierno sin recurrir a la vía judicial.

El mensaje a Lugones y al asesor presidencial Santiago Caputo fue claro: si el Ejecutivo restituía los afiliados a las prestadoras protegidas por la CGT, los sindicatos evitarían una escalada del conflicto. A cambio, se comprometían a mantener una postura prudente en la discusión paritaria y a evitar confrontaciones públicas con el Gobierno en medio de la crisis política por el escándalo cripto que salpica a Javier Milei.

Un acuerdo en suspenso

La semana pasada, Daer y otros dirigentes terminaron de delinear un acuerdo con Lugones. La fórmula consensuada establece que cada obra social deberá presentar una solicitud ante la SSS para validar sus acuerdos con prepagas y reclamar la reincorporación de los afiliados perdidos. Sin embargo, en el Ministerio de Salud descartaron la posibilidad de emitir una norma aclaratoria que rectifique la resolución 1/2025.

En la CGT preocupa que el Gobierno opte por una implementación parcial o incluso termine incumpliendo su compromiso. La tensión es creciente, ya que los sindicatos más perjudicados presionan para que haya definiciones concretas en los próximos días. Este jueves, durante la visita a Argentina de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz Pérez, se espera que los dirigentes sindicales aprovechen la ocasión para evaluar la situación y definir los próximos pasos.

Si el Ejecutivo no cumple con su palabra, la central obrera podría endurecer su postura y reabrir el debate sobre posibles medidas judiciales o sindicales. Mientras tanto, la CGT sigue esperando, con desconfianza y sin margen para nuevas pérdidas.