La sesión número 15 de la Comisión Investigadora comenzó pasada las 12 y, con los diecisiete diputados que dieron perfecto quórum, se presentaron el gerente de COTO Rodrigo Blas Velazco; Susana Beatriz Saint Porres, ex esposa de Valentín Hugo Breitman, empresario que aportó en la campaña de Macri; y Francisco Castex, abogado penalista. Todos víctimas de la red de escuchas telefónicas que estaba (o está) montada en la Ciudad.

El diputado Fernando Sánchez (CC) aseguró:” Hasta ahora ha quedado demostrado que la pyme para escuchar funcionaba y bastante bien. Además, era a simple pedido. Destaco, lo que nos interesa, que también le debería inquietar al Congreso de la Nación, es si este tipo de pymes ilegales para escuchas, y violatorias de los derechos de cualquier ciudadano, también habían operado a pedido de algún funcionario de la Ciudad”.

“Los testimonios –continuó- que aquí han brindado los dos apoderados de las telefónicas más grandes que existen en todo el país le tienen que dar terror a cualquier ciudadano. Los testimonios que vienen dando los funcionarios de la Universidad de La Matanza le tienen que dar terror a cualquier persona que piense estudiar en una casa de altos estudios como esta. Me parece que nosotros tenemos que buscar para una universidad, para el poder judicial y para las fuerzas de seguridad que queremos en la Ciudad, personas probas”.

“Las 200 escuchas requeridas por un juez de Misiones, para teléfonos de la Capital Federal, manifestadas en las pruebas documentales que trajo la semana pasada el titular de la Comisión Investigadora en el litoral, son la materialización del mito”, enfatizó.

Sánchez pregunta a la prensa: “¿Cuál es el organismo encargado de verificar que esto no sea a pedido y cobrando plata en franca y amplia violación de los derechos de los ciudadanos?”.