Según detallaron desde Casa Rosada, la decisión sobre quiénes continuarán en su puesto y quiénes no estará determinada por dos condiciones: los empleados deberán aprobar el examen de idoneidad y sus jefes deben considerar que los mismos cumplen una función necesaria para el área.

A pesar de los números comunicados por el Gobierno, desde ATE denuncian que son 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre de 2024. En este cálculo se contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. El Gobierno ya comunicó que desvinculará a los trabajadores que tengan un convenio a través desde ACARA.

Desde ATE detallaron que, con el cambio de año, «se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales».

Ejemplo de esto es lo sucedido en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.