Respecto a la autoridad de aplicación, sostuvimos que debería ser más abierta y no tan cerrada como terminó siendo, una continuidad del COMFER.
Con relación a la cláusula de desinversión, nos parecía que el plazo de un año ponía al Estado en el riesgo de terminar en un juicio enorme en su contra y de resultado imprevisible, cuando las empresas reclamen aduciendo incumplimientos e inseguridad jurídica.

Hubiéramos preferido que las licencias se fueran cayendo por sí solas al cumplirse los plazos correspondientes. Pero paradójicamente, Néstor Kirchner durante su presidencia las había prorrogado indefinidamente por decreto al suspender el conteo de los plazos de aplicación.

Sobre la marcha hacia Tribunales, más allá de que se interprete como una presión hacia la Corte Suprema, nunca nos vamos a oponer a las manifestaciones populares, donde un sector de la ciudadanía se expresa libremente.