A un día de las elecciones en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), surgieron graves acusaciones que involucran al interventor judicial Julio César Simón y al candidato a Secretario General por la Lista Azul, Leonardo Ariel Fernández.

El fiscal a cargo de la causa solicitó el procesamiento de Simón y de Heriberto Deibe por presuntos abusos y violencia de género, lo que ha generado un fuerte rechazo entre sectores del gremio y el llamado al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, a «que no deje participar una lista fraudulenta».

Pamela Bulacio, denunciante en la causa, declaró: “Hoy me llega la comunicación por medio de mi abogado de que el fiscal pidió el procesamiento de ambos”.

En su declaración, Bulacio señaló que Simón no debería ocupar su cargo como interventor ni tener injerencia en las elecciones. “Sabemos que Leo Fernández es su pollo, su candidato firme, por eso atestiguó a su favor y dio una versión mentirosa de los hechos”, afirmó.

Bulacio enfatizó la gravedad de las acusaciones en un sindicato vinculado al ámbito educativo: “Esto tiene que ser un llamado de atención para la Justicia”, agregó.

Por su parte Evangelina Pérez, candidata a Secretaria General por la Lista Celeste, también se refirió a la situación: “El interventor judicial Julio César Simón, junto con Heriberto Deibe, enfrentan una denuncia penal por abuso y violencia contra una compañera. Hace dos días, el fiscal solicitó al juez el procesamiento de ambos”.

Pérez destacó que Simón designó a Leonardo Ariel Fernández como candidato a Secretario General de la Lista Azul, calificándolo como un “candidato afín” al interventor.

En su declaración, Pérez señaló que el propio Fernández figura en la causa. “En el pedido de procesamiento están desgrabadas las declaraciones de cada uno. Leonardo Fernández reconoció ser empleado del SOEME desde 2020 y admitió haber trabajado como encargado del camping del sindicato”, afirmó.

Además, apuntó contra la veracidad de su testimonio: “Incurrió en un falso testimonio en esa causa”.

Bulacio expresó su preocupación por la falta de ejemplaridad en la conducción del gremio: “Esto no es ejemplificador, menos en un sindicato relacionado con la educación, cuyos afiliados son en su mayoría mujeres”.

Por su parte, Evangelina Pérez concluyó: “Cuando un fiscal pide un procesamiento, es porque hay elementos suficientes para hacerlo. Estas personas no pueden seguir al frente del sindicato ni presentarse como candidatos en las elecciones”.