Con las sesiones ordinarias a punto de concluir y en medio de un exhaustivo debate sobre el Presupuesto, la oposición busca acelerar la reforma de la ley de DNU para impedir que Javier Milei pueda gobernar únicamente mediante decretos, esquivando así al Congreso. Según Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, “se hace un uso muy extremo del DNU para todos y los decretos y los bloqueos hacen un cóctel medio complicado y poco democrático”. Pichetto tiene intención de llevar la reforma, que ya cuenta con dictamen de comisión, al recinto en la próxima sesión.

Unión por la Patria, junto con el nuevo bloque Democracia por Siempre —integrado por los legisladores afines a Martín Lousteau y Facundo Manes, quienes se apartaron de la bancada radical— apoyan también la medida, lo cual los acercaría al quórum necesario. Ante lo que parece ser un trámite desfavorable, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, ha acusado a esta oposición de ser “golpista” por “querer cambiar las reglas a mitad de camino”.

El Congreso ha entrado en un período de inactividad, con escasas interrupciones dedicadas al lento avance del Presupuesto 2025 en la comisión. Según fuentes cercanas, es evidente que el Gobierno no está realmente interesado en que se apruebe el proyecto, ya que esto requeriría ajustes; en cambio, parece preferir mantener el Presupuesto 2023 prorrogado, con cifras desfasadas que permitirían al Presidente modificar libremente mediante decretos de necesidad y urgencia. Ante esta situación, la oposición decidió acelerar la modificación de la ley que regula los DNU, intentando concretarla antes del 30 de noviembre, fecha en que finalizan las sesiones ordinarias, cuya extensión por parte del Ejecutivo es poco probable.

Pichetto, al respecto de la aplicación continua del DNU, sostuvo que “es un mecanismo para suplantar al Congreso”, ya que los decretos quedan ratificados gracias al tercio de la Cámara —86 diputados— conformado por el oficialismo y sus aliados, quienes pueden bloquear cualquier intento de veto presidencial. “Es una medida extrema que consolida el gobierno de un tercio”, afirmó el diputado.

La propuesta de Pichetto busca cambiar el enfoque de la ley vigente desde 2006, donde, actualmente, un DNU permanece en vigor si el Congreso no lo discute, y solo puede ser rechazado mediante mayoría en ambas Cámaras. “Nuestra modificación establece que el DNU estará vigente solo por 90 días, y si en ese plazo el Congreso no lo ratifica, perderá validez. Los DNU son para situaciones urgentes; de lo contrario, lo que se intenta es legislar sin pasar por el Congreso”, explicó el diputado socialista Esteban Paulón en declaraciones radiales. Pichetto consideró que el Gobierno está inquieto por este proyecto, y que, de haberse manejado “con un marco de razonabilidad”, habría logrado una mayoría parlamentaria suficiente, sin necesidad de recurrir al DNU como única herramienta de gobierno.

La inquietud del Gobierno quedó evidente en la postura combativa que adoptaron los legisladores oficialistas tan pronto como el tema empezó a discutirse públicamente. Gabriel Bornoroni calificó la propuesta de las bancadas opositoras como un acto de «golpismo» e «intento de desestabilización«. Según el titular del bloque de La Libertad Avanza, “ahora que el presidente Milei está utilizando esta norma con menor cantidad de decretos que los gobiernos anteriores, le quieren cambiar las reglas de juego los mismos que en su momento hicieron a la ley”. Bornoroni participó este lunes junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la inauguración de la reversión del Gasoducto Norte.

La oposición aún no ha definido la estrategia más efectiva. Considera la posibilidad de convocar a una sesión para el próximo miércoles 13 o, en un enfoque más cauteloso, esperar a que el oficialismo llame a tratar el Presupuesto y así sumar la reforma de la ley de DNU en el mismo debate. Unión por la Patria, por su parte, opta por una táctica de perfil bajo, dejando que sean otras bancadas opositoras quienes impulsen la iniciativa para evitar activar el antikirchnerismo que predomina en algunos legisladores.

Este contexto tiene una particularidad histórica, ya que fue Cristina Kirchner, recientemente nombrada como nueva presidenta del PJ, quien en 2006 promovió la ley que hoy se busca modificar. No obstante, Cristina podría argumentar que la ley original buscaba un uso prudente de los decretos y no el uso exclusivo que ahora intenta establecer Milei. “Ha habido una fuerte tendencia ejecutivista derivada de la emisión de DNU que han significado un abuso del sistema de necesidad y urgencia”, señaló el diputado Diego Giuliano durante el debate en comisión.

En una reciente reunión con los líderes de las bancadas, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, la ex presidenta dio instrucciones claras: la prioridad debe ser el rechazo al DNU que flexibiliza las condiciones para el canje de deuda y permite acceder al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Con esta directiva en mente, Martínez planea solicitar a las bancadas de Miguel Ángel Pichetto y de Pablo Juliano que se convoque a una sesión para el miércoles 13, agregando al orden del día el debate sobre este DNU de la deuda. Martínez prefiere que este tema se trate en una sesión aparte y no en conjunto con el Presupuesto, para evitar una maratónica jornada con un desenlace incierto.

Esta decisión también se basa en que las negociaciones sobre el Presupuesto podrían alterar las posturas de algunos gobernadores y fuerzas provinciales, por lo cual en UP consideran prudente separar ambas discusiones. Para finalizar la estrategia, el bloque definirá la hoja de ruta entre el martes y el miércoles de esta semana.

Este intento de última hora por rechazar el DNU sobre la deuda refleja no solo la desconfianza en el manejo discrecional de los fondos públicos, sino también el desgaste de un modelo de gestión que parece recurrir cada vez más a herramientas excepcionales para sortear la falta de consensos. La falta de transparencia y previsión en la administración de recursos fundamentales, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, expone una gestión que prioriza atajos legales antes que la búsqueda de soluciones de fondo y acuerdos democráticos. Esto no solo pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado, sino también la confianza en las instituciones que deberían velar por el bienestar colectivo, y no por los intereses políticos del momento.