En las últimas semanas la polémica entre las billeteras virtuales recrudeció, luego de la disputa judicial entre Modo y Mercado Pago por la interoperabilidad del Qr en diferentes medios de pago, ahora nace un reclamo por el monopolio de los boletos de subte, concesión que hoy tiene la empresa dirigida por el magnate libertario Marcos Galperín.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le quitara el monopolio de los boletos de transporte a la Sube para abrir los medios de pago a billeteras virtuales, tarjetas de débito y crédito, diferentes fintech se quejaron ya que la concesión de los pagos con el código QR. En la actualidad este metodo de pago no es interoperable con otros bancos, lo que despertó el enojo de otras entidades financieras.

Ante esta situación desde Mercado Pago llamaron a una reunión según indicó Infobae. Se llamó a «una mesa técnica con las billeteras virtuales que nos contactaron para comenzar, en conjunto, a definir el estándar técnico y poder avanzar en la interoperabilidad del QR para el pago de transporte». 

Lo cierto es que, dentro de las tensiones generadas por esta concesión, las otras billeteras acusan a la empresa de Galperín de manipular la información a su beneficio y de estirar la apertura a otros medios de pago, lo que en unas semanas ya le da una ganancia extraordinaria a la empresa.

El escenario es complejo: por definición, el BCRA es el organismo regulador de todos los involucrados. Pero la decisión de elegir a una empresa con doble función, ya que Mercado Pago es adquirente y también billetera, estuvo en manos de Emova, la concesionaria del subte cuyo regulador es Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

Una calificada fuente con conocimiento del tema aseguró a Infobae que la empresa de Marcos Galperín fue la única oferente para la adquirencia QR y que por eso hubo tanta discreción en todo ese proceso de selección, que no fue una licitación.

En paralelo, desde el Gobierno avanzan  una mesa de trabajo guiada por el Gobierno, con la participación de la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Central y todos los representantes del sector privado