Durante la jornada legislativa encabezada por Federico Scarabino, se emitió la sanción favorable para que giren a Diputados 11 de los 15 proyectos que presentó el Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Según el oficialismo, se trata de un “paquete de medidas que introducen modificaciones en las políticas de seguridad y justicia”.

En cuanto a las normativas en materia de seguridad, se aprobó la incorporación de las filmaciones de las cámaras de seguridad públicas y de los registros de llamados al 911 como pruebas a ser consideradas en los procesos judiciales.

Además, se dio media sanción al proyecto que dispone la destrucción de las armas de fuego, municiones y demás material controlado a disposición de órganos judiciales, que no estén vinculadas a procesos en trámite.

Por otra parte, la Cámara alta dio el visto bueno para el nombramiento de nuevos fiscales y defensores oficiales en lo Criminal y Correccional y ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, para ser distribuidas en los distintos departamento judicial. Asimismo, también se autorizó la creación de Juzgados de Garantías y Juzgados de Ejecución Penal y la creación de cargos de Ayudante Fiscal, destinados a los partidos que no sean cabecera departamental.

Luego del debate parlamentario el senador Roberto Fernández del Frente Para la Victoria, aseguró que esto “va a ser muy positivo en lo inmediato” y agregó que “en lo mediato, necesitamos una política de Estado para que a largo plazo, de sus frutos”.

Fernández, también subrayó que “no se puede hablar de soluciones mágicas” y remarcó “nosotros necesitamos ir haciendo pequeñas acciones, que van ha ayudar al Ministro de Seguridad para ir bajando estos índices”. Así, el legislador agradeció a sus pares de la oposición “la predisposición y la honestidad política, de querer reunirse en el Consejo de Seguridad”.

En tanto el titular de la bancada del Gen, Luis Malagamba, explicó que si bien habían acompañado las iniciativas, consideraba que las mismas son más bien de orden “administrativo”. “Insistimos que las medidas de fondo las tendrá que tratar el Consejo de Seguridad”, remarcó el senador y puso la mirada en cuestiones como “la reincidencia, la falta de unidades carcelarias, las alcaidías, policía judicial y policía de inteligencia”.

Por su parte, Orlando Costa de la UCR opinó ante la prensa que la “conclusión de la Sesión, con la participación de todos, es que nadie piensa que esto satisface las necesidades de los ciudadanos y de la propia política respecto al problema de la inseguridad, y que hay distintos grados de responsabilidad. Así lo asume el propio Gobernador”.

A su vez, el legislador afirmó que “mirando para adelante, el Consejo de Seguridad abre una puerta al diálogo a la posibilidad de aportar y espero que logremos la máxima cantidad posible de acuerdos en esa instancia”. Así, hizo particular mención al Servicio Penitenciario y a la Justicia y señaló “tenemos que mejorar y mucho, en su funcionamiento”.

Finalmente, en medio del debate por inseguridad se filtró el debate por la emergencia edilicia en que se encuentra el Poder Judicial que finalmente fue otorgada por un plazo de seis meses. Asimismo, se extendió por un año más el plazo dado a la Suprema Corte de Justicia para disponer el traslado de los Juzgados de Garantías y los Juzgados Unipersonales de Familia.