La Justicia dictó una medida cautelar a partir de un amparo presentado por el intendente Fernando Espinoza. La disposición regirá hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles.
A través de un comunicado, el municipio de La Matanza señaló que, de acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, las tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370% (cuatro veces más que la inflación).
«Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%«, indica el comunicado.
El municipio de gobierna Espinoza remarcó, además, que a partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza.
«Curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad», señala el comunicado.
La decisión de la Justicia ordena a las empresas prestatarias no cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, hasta «establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectada por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población».
