La Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en su intento de condenar el fraude electoral y la represión ilegal ordenada por Nicolás Maduro, tras las elecciones presidenciales del domingo pasado en Venezuela.

Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay habían presentado un proyecto de Resolución exigiendo que el régimen populista exhiba las actas de votación y cese la persecución política, pero un grupo de países liderados por Brasil y México impusieron la abstención diplomática y la iniciativa se cayó.

La estrategia diplomática de Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Paraguay era lograr consenso al momento de votar el proyecto de Resolución y desnudar las diferencias regionales durante el debate en la sesión especial. Sin embargo, ese planteo diplomático fracasó.

Brasil y México -que se mantuvo ausente en la votación y muy activo detrás del cortinado- lograron 11 abstenciones de países que tienen dependencia energética de Venezuela o mantienen lazos geopolíticos con sus principales respaldos internacionales como China y Rusia.

Frente a la postura de Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Javier Milei y Santiago Peña unieron fuerzas para condenar a la dictadura venezolana, mientras Estados Unidos intentaba aplicar su influencia regional para lograr un proyecto que pusiera límites a la represión ilegal. Pero no alcanzó.

Durante ocho horas se negoció en la sede la OEA un proyecto de Resolución que exhibiera el consenso político de todos los socios del organismo.

Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile empujaban una iniciativa básica frente a los desmanes de Maduro, mientras que Brasil, Bolivia, Colombia y México apostaban a una iniciativa que no pusiera contra las cuerdas al régimen populista.

Lula y AMLO conocen el tablero de mando de la OEA. Se inclinaron por juntar votos a favor de la abstención, evitaron votos en contra y bloquearon una iniciativa que desnudaba las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por Maduro y su aparato represivo.

El proyecto de Resolución rechazado establecía:

“1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

2. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: a) publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial; y b) como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales.

3. Declarar que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias.

4. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.

5. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela, solicitando al Gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

El rechazo de la iniciativa que condenaba las acciones del régimen populista concede un respiro político a Maduro, que desplegó a su aparato represivo en las principales ciudades de Venezuela y rompió relaciones diplomáticas con los países que condenaron su decisión de hacer fraude frente a la derrota electoral del domingo.

Brasil, México y Colombia fueron claves para fortalecer a Maduro en un escenario inédito para América Latina.

A favor: Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Argentina.

Abstención: Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Bahamas.

Ausentes: Dominica, México, Trinidad y Tobago, Venezuela