Sofía Clérici declaró por primera vez en la causa conocida como “Yategate” en la que es investigada por enriquecimiento ilícito junto al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y a la expareja de él, la conductora Jésica Cirio.

La modelo que viajó a Marbella con Insaurralde y desató un verdadero escándalo a pocas semanas de las elecciones PASO que se realizaron en 2023, pidió ser sobreseída en la declaración escrita que presentó el 29 de mayo pasado. En ese contexto, aseguró que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció “haber sido cosificada como mujer”.

Según detalló el periodista Rodrigo Alegre en TN, Clérici comenzó el escrito fundamentando su pedido de sobreseimiento y lo relacionó con su trabajo. Allí aseguró que la participación que se le atribuye en su viaje a Marbella con el exintendente de Lomas de Zamora “no constituye delito alguno”.

“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, explicó.

En ese sentido, remarcó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” en las vacaciones que pasó con Insaurralde en las paradisíacas playas de Marbella “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”.

Fue entonces que se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, el cual le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para justificar los regalos y pagos que admitió recibir por parte del exjefe comunal.

Si bien la modelo aclaró que sus actividades de acompañante de viaje “no guardan relación con la prostitución”, se encargó de remarcar en el escrito que comparten “un vacío en el encuadre impositivo”.

“Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”, explicó Clerici sobre algunos de los productos de lujo que ostentaba en sus redes.

Fue en ese contexto que citó a la OIT, para justificar los US$600.000 que la Justicia le secuestró de su casa en uno de los allanamientos que le realizaron, mientras figura como monotributista ante la AFIP. “El resultado del allanamiento en mi domicilio no revela per sé ninguna actividad delictiva”, adelantó.

“Lo que tiene dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con relación a las trabajadoras del sexo y actividades relacionadas (aunque las mías no guarden correspondencia con la prostitución) -aclaró- exhortando expresamente a los gobiernos parte a reconocer oficialmente la industria de la prostitución, que a la fecha en nuestro país, continua sin ser debidamente reconocida”, señaló.

En ese mismo sentido, argumentó: “Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimientos, tienen la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo. Pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual”.

Por otra parte, la modelo apuntó contra el accionar judicial por los allanamientos en su casa: “Fui expuesta a todo tipo de prejuicio y vejamen. Publicaron objetos vinculados a mi intimidad y privacidad”.

“La finalidad era otra muy puntual y concreta: demonizar y cosificar mi figura de mujer”, argumentó la modelo que, a su vez, reclamó que le devuelvan los objetos que la Justicia le secuestró.