Cuatro meses después del anuncio hecho por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, el Gobierno publicó el decreto Decreto 548/2024 que pone fin a la Agencia de Noticias Télam y la transforma en la Agencia de Publicidad del Estado (APE) bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal. En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo se apoya en el aún vigente DNU 70/2023 para avanzar en el cambio de estructura de la empresa, que ocurre en el aniversario 50 de la muerte de Juan Domingo Perón, quien creó la agencia en 1945.

«Optimizar la eficacia y la eficienca», «una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general», son los argumentos empresariales con los que el decreto firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avanzan en la decisión de transformar la actual Télam Sociedad de Estado en una sociedad anónima que funcionará como «agencia de Publicidad y Propaganda».

El decreto convoca, con fecha 28 de junio, a una asamblea general extraordinaria de la empresa para avanzar en los cambios normativos e indica que el Ejecutivo ejercerá «los derechos societarios que le correspondan al Estado Nacional por su participación en el capital accionario» de la nueva empresa a través del vicejefe de la Jefatura de Gabinete. De esta manera, el Gobierno también se encamina a retomar la ejecución de pauta oficial, rumbo al próximo año electoral.

¿Qué ocurrirá con el servicio periodístico de Télam?

El decreto marca un mojón en la estrategia para cumplir con el cierre de la agencia, algo que ya habían intentado desde la Revolución Libertadora hasta los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. El proceso había empezado con la intervención decretada el 2 de febrero, que puso al interventor Diego Chaher –ex director del Grupo América– al frente de la conducción de Télam.

 

Un mes después, Milei anunció el cierre ante el Congreso y al día siguiente la redacción de la agencia amaneció vallada y con custodia policial. Desde entonces, se abrió un plan de retiros voluntarios para avanzar en el vaciamiento. El decreto publicado este lunes indica que Chaher será el encargado de tomar «los recaudos necesarios para transferir de Télam Sociedad del Estado a medios públicos y/o a terceros, dentro de la órbita que se determine, los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, el personal, los bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales y todos aquellos bienes que a la fecha de dictado del presente se encontraren afectados al uso de los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias».

Este fin de semana, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni –de quién depende el interventor– anunció en sus redes sociales el cierre definitivo de Télam, anticipando el decreto publicado este lunes, se especuló con que Chaher se encargué de unificar las tareas periodísticas en la aún estatal Radio y Televisión Argentina, que fue quitada de la lista de empresas públicas a privatizar en las negociaciones legislativas de la Ley Bases.

 

Un DNU vigente para liquidar Télam

El DNU 70/2023 recibió un revés en la Cámara del Senado en marzo pasado, cuando fue rechazado por mayoría. Sin embargo, para dejar estar vigente debe ser rechazado también por la Cámara de Diputados, que aún ni siquiera lo trató en comisiones. Con ese megadecreto aún vigente, el Gobierno aprovechó para tener las herramientas legales para el desarme de la agencia pública de noticias.

 

El decreto publicado este lunes cita la declaración de la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025», declarada en el megadecreto como marco para la «profunda reorganización de las empresas públicas».

 

Y precisa que el artículo 40 del DNU 70/23 derogó la Ley N° 20.705, que regula el régimen aplicable a las Sociedades del Estado. Mientras que el artículo 48 dispone la transformación de las sociedades o empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 – T.O. 1984 y sus modificatorias.

 

Una pequeña muestra del poder que el Congreso le entregó al presidente Milei con la aprobación de la Ley Bases, en la que los artículos 3 y 5 le permiten avanzar con la reorganización o disolución de organismos públicos y fondos fiduciarios.