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Milei podría activar un plan para liquidar medios públicos sin indemnizaciones
Nacional

En lugar de afrontar el pago de las indemnizaciones, que se calculan en aproximadamente 100 millones de dólares, el gobierno estaría considerando la opción de establecer un organismo residual que permanecería activo hasta que los empleados cumplan con su edad de jubilación.

 

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5 marzo, 2024

El gobierno estaría considerando la implementación de un plan similar al denominado «plan Entel» con el objetivo de liquidar los medios públicos y evitar así el desembolso de las indemnizaciones, estimadas en alrededor de 100 millones de dólares.

Después del cierre de Télam, se especula que Javier Milei podría buscar establecer un ente residual que operaría hasta que los empleados alcanzaran la jubilación.

Bajo un despliegue policial significativo, Milei cumplió su compromiso de clausurar la agencia de noticias estatal. La notificación sobre esta decisión fue comunicada a los empleados de Télam -aproximadamente 700 en todo el territorio nacional- por el interventor de los medios públicos, Diego Chaher, a través de un correo electrónico enviado en horas de la madrugada. El funcionario libertario anunció que los empleados quedaban «dispensados de prestar servicios» durante una semana, lo que implica que no podrán asistir a sus lugares de trabajo.

Este operativo recuerda a la estrategia implementada por Carlos Menem en el cierre de Entel, la empresa de telecomunicaciones que fue privatizada y vendida a Telecom y Telefónica.

El sistema de medios públicos, que comprende a la TV Pública, Radio Nacional y Télam, cuenta con alrededor de 3600 empleados, una cifra que el sector privado considera insostenible. Milei busca evitar el pago de indemnizaciones que podrían ascender a 100 millones de dólares.

Antes de privatizar Entel, Menem estableció un ente residual al que fueron transferidos los trabajadores con mayor antigüedad. Con el paso del tiempo, estos empleados se fueron jubilando y el Estado nunca los reemplazó. De esta manera, el gobierno logró evitar desembolsar las indemnizaciones correspondientes.

«Los más veteranos podrían ser transferidos a un ente residual, mientras que a aquellos que aún están lejos de la edad de jubilación se les podría ofrecer retiros voluntarios», comentó un experto del sector.

Por el momento, el interventor Chaher ha suspendido las tareas de los 700 empleados de Télam y les ha prohibido regresar a la redacción. En el principal sindicato de Télam sospechan que el gobierno estaría considerando la implementación del «plan Entel». Con esta táctica, la empresa reduciría prácticamente a cero sus costos operativos y mantendría únicamente los salarios.

Los partidarios del enfoque libertario consideran que Télam debería reducir su personal a 80 empleados, en contraste con los 700 actuales, para poder ser privatizada. La reciente renuncia del interventor adjunto, Diego Marías, días antes de que los libertarios comenzaran a implementar el plan de cierre, no fue casualidad. Esto incluyó burlas por parte del portavoz oficial. «Despidan a Télam que se va», escribió Manuel Adorni después de que Milei anunciara el cierre de la empresa.

Marías no fue el único en alejarse: se sumó Cristian Sedam, quien había sido nombrado en Paka Paka pero renunció poco después de asumir. Juan Parodi amenazó con renunciar como gerente de programación de la TV Pública, aunque finalmente decidió quedarse debido a sus planes relacionados con la transmisión de los partidos de la Selección con Torneos.

Juan Cruz Ávila, quien en algún momento contempló la idea de crear una versión argentina de la BBC, también se distanció de los libertarios cuando se enteró de que el plan de Milei implicaba el cierre total de los medios públicos.

Por otro lado, este lunes también se conoció que 100 periodistas, productores y empleados administrativos de Radio Nacional recibieron cartas documento informándoles que no les renuevan los contratos que vencían entre fin de febrero y fin de marzo.

Además, el director ejecutivo Héctor Cavallero les pidió la renuncia a los directores de las 48 filiales provinciales de Radio Nacional que todavía no habían renunciado.

“Yo no eché a nadie, no hay despidos. Lo que hay son vencimientos de contratos que, mayormente, son de directores nombrados por gobiernos anteriores y monotributistas en medio de emisoras súper pobladas”, indicó Cavallero.

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