Hoy comienza el debate en particular de los artículos de la ley ómnibus tras semanas de negociaciones. Dentro de esta nueva etapa, hay un capitulo clave para el Gobierno que aún no tiene nada definido: el de las privatizaciones de empresas públicas. Para poder obtener una mayoría segura, el oficialismo rearmó un borrador el viernes pasado disminuyendo de 41 a 30 las sociedades y las dividió en cuatro grupos anexos separados, para evitar un rechazo completo. Además, tomó en cuenta dos reclamos formales, el de darle mayor intervención al Congreso en el control y quitar del lote de las privatizables a YPF. Asimismo, accedió a dejar afuera a algunas empresas que tocaban intereses políticos particulares de ciertos bloques o gobernadores, lo que desdibujó el criterio que se empleó para la propuesta.

Por el momento, los nombres que quedaron al margen de la privatización serí: El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Radio de la Universidad del Litoral (UNL), Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Fábrica Argentina de Aviones y Fabricaciones Militares. Las últimas tres mencionadas tienen sede en Córdoba. Todavía queda en duda si en el listado se incorporará «Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.»

El bloque radical, liderado por Rodrigo de Loredo, oriundo de esa provincia, tuvo especial intervención en la negociación con el Ejecutivo y logró dejar afuera a las empresas mencionadas y aquellas que tienen vínculo con universidades nacionales, como la radio de la UNL (Santa Fe) y los yacimientos mineros de YMAD, que da utilidades a la Universidad Nacional de Catamarca. El ámbito de la educación superior es uno de los bastiones del radicalismo, un bloque imprescindible para la aprobación de la ley ómnibus, al igual que otros diputados que responden a gobernadores más dialoguistas.

Otro bloque con el suficiente poder para poder haber hecho estos cambios en la Ley son los cinco legisladores que responden a Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba que además logró sumar personas cercanas en lugares de relevancia en la gestión, como el Banco Nación. Son integrantes del bloque de Hacemos Coalición Federal junto con diputados provenientes de otros espacios. Sus nombres son Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez (vicepresidente del bloque), Natalia De la Sota, Juan Brügge y Alejandra Torres.

De todos modos aún falta el reparto de los nombres de las empresas en los cuatro anexos que podrían sufrir cambios de acuerdo en el último minuto. Actualmente, están distribuidas de esta manera:

ANEXO I: Administración General de Puertos SA, AySA S.A. Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E., Energía Argentina S.A., Intercargo S.A.U., Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., Polo Tecnológico Constituyentes S.A., Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.Nación Bursátil S.A., Nación Reaseguros S.A., Nación Seguros de Retiro S.A., Nación Servicios S.A.
ANEXO II: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina SA, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
ANEXO VIII: Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE, Operadora Ferroviaria SE, Belgrano Cargas y Logística SA, Ferrocarriles Argentinos SE, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E., Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM y Corredores Viales S.A.
ANEXO IX: Télam SE, Educ.ar SE, Contenidos Públicos S.E., Radio y Televisión Argentina S.E.

Lo llamativo es que, en la incorporación a cada uno de los grupos, no hay un criterio de objeto ni de déficit de las empresas. Como sucede con Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. que estará dentro de las privatizaciones, pero Fabricaciones Militares no. Algo parecido sucede con la inclusión de Arsat, pero la exclusión de Vehículo Espacial Nueva Generación. Una de las comparaciones más paradigmáticas, y con una explicación más política, es haber dejado afuera al BICE, pero adentro al Banco Nación.

Algunos legisladores y funcionarios analizaron la situación y especulan que estas decisiones se deben a que existe una necesidad de preservar el sistema financiero público, la imposibilidad de sanear rápidamente el banco y su relevancia en el territorio. Aunque otros sospechan que se debe a que el BICE tiene una cartera de fideicomisos que alimentan de manera permanente a las provincias.

Si bien el Gobierno tendría interés en insistir en la privatización del BICE, y no se descarta que se lo vuelva a incluir en el listado, está vetado por los gobernadores. Algunos funcionarios, particularmente del área de Interior, le encuentran una utilidad. Una importante fuente del oficialismo destacó que el BICE es un mecanismo interesante para ofrecer zanahorias y palos a las provincias realizando aportes que pasan por debajo del radar de las transferencias directas del Estado nacional.

Guillermo Francos, ministro del Interior, declaró el día de ayer que “entiende que está cerrado el tema” de las privatizaciones. Sin embargo, el listado final puede sufrir cambios. Luego, será el turno de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, de comenzar el proceso. La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado está bajo su responsabilidad y se encuentra a cargo de Mauricio Miguel González Botto, quien no recibirá un sueldo por este trabajo a partir del 1 de febrero, sino que será ad honórem, según el boletín oficial.