El presidente Javier Milei anunció la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, bajo el título de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que avanza en 300 reformas legislativas. Entre ellas, muchas que impactarán de lleno en el sector agropecuario, la alimentación de la población, el avance del extractivismo y las condiciones de trabajo en el campo.

El decreto deroga la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establece un límite del 15 por ciento de la tierra rural para la posesión por parte de extranjeros. Esta ley también prohíbe que un mismo titular extranjero acumule más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (sur de Santa Fe y Córdoba y norte de Buenos Aires) o «la superficie equivalente según la ubicación territorial»; y determina que personas o empresas extranjeras no podrán adquirir territorios ribereños o que contengan cursos de agua de envergadura, o que se ubiquen en zonas de seguridad de frontera.

Juan Pablo Acosta, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, manifestó: “La derogación de esta ley fomenta la extranjerización y la concentración de la tierra y eso tiene consecuencias nefastas para los pequeños productores y productoras, campesinos e indígenas”. En la misma línea, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra expresó a través de Twitter: “Habilitar la extranjerización de la tierra no trae más inversión, más trabajo y vida digna en el campo. Solo genera más concentración de la tierra, menos productores en el campo y alimentos más caros”.

“Esta ley fue producto de la lucha de años por parte de organizaciones agrarias, ambientalistas y sociales y de partidos políticos. Puso freno al proceso de extranjerización que se profundizó en los noventa con leyes laxas que permitieron que muchos grupos de inversión extranjeros, hasta aprovechando ofertas por internet que promocionaban la venta de tierras con costas de ríos y lagos, compraron y colocaron alambrados, tranqueras y cerraron pasos públicos, como el caso paradigmático de Lago Escondido, que no es el único. Esto se extendió al resto de la Argentina. Esta ley está en la mira de los empresarios extranjeros fundamentalmente árabes», explica a Página/12 Magdalena Odarda, abogada Magíster en Políticas Públicas y Gobierno y legisladora provincial de Río Negro (Bloque Vamos con Todos)

El capital extranjero, en consecuencia, quedará habilitado para apropiarse de los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales, de los lagos, nacientes y glaciares patagónicos, y hasta de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche.

Además quedarán a tiro de chequera los estratégicos Humedales Altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se trata de grandes oasis en el desierto árido de la puna que actúan como fuente irreempazable de agua y alimento para la vida silvestre y los asentamientos humanos. Hace años que estos ecosistemas sufren el acoso de la actividad minera, por lo que el nuevo avance privatizador podría ser letal.

El presidente Javier Milei habilita la entrega al capital extranjero multinacional del control de acceso a un elemento indispensable para la vida como es el agua dulce. Sin regulación, ellos decidirán quién sí y quién no.