La receta de Javier Milei para reorganizar la administración pública nacional, reducir el gasto público, aumentar los ingresos del fisco y sincerar las variables de la economía real es através del ajuste económico que ya ha anunciado el gobierno. A pesar de haber repetido constantemente que la política sería la principal afectada frente a su «motosierra«, continúa habiendo una gran cantidad “cajas” en donde se administran billones de pesos con los que se financia la política desde hace años.

“El término ‘caja’ es muy amplio. Imaginemos un zoológico con animales muy distintos”, descrubió de forma despectiva el expresidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Rafael Flores. “Algunas ‘cajas’ se utilizan para desviar fondos, para la corrupción; otros, para colocar gente propia en el Estado que no cumplen una función o que no son estrictamente necesarios, aunque hay que ver caso por caso”, denunció.

Al decir “cajas” se refieren a organismos descentralizados, empresas públicas y privadas y fondos fiduciarios, entre otras cosas, aunque advierten que también se utilizan para pagar a los militantes en todo el país, financiar campañas electorales, solventar gastos personales de funcionarios y desviar fondos a terceros afines, según surge de múltiples investigaciones judiciales y auditorías desarrolladas por organismos de control durante los últimos años.

A pesar de ser un sector al que el reciente presidente podría poner el foco para recortar por todos sus dichos, por el momento solamente generará una merma del 1,2% en el Estado nacional tras la reducción de la administración pública a nueve ministerios y 54 secretarías que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo mismo ocurre con la derogación del decreto del presidente saliente, Alberto Fernández, para que ya no tenga guardaespaldas dentro y fuera del país; el recorte de choferes o la venta de autos y aviones oficiales o la quita de “cajas chicas” como los pasajes, viáticos, teléfonos celulares entre otros, Más allá de su peso simbólico, no afecta al presupuesto.

Según Vicente Monteverde, experto en lucha contra la corrupción y gestión presupuestaria, para reestructurar un Estado hay que «completar un diagnóstico profundo, un inventario de cómo entregó las cuentas públicas el Gobierno anterior, cuáles son las ‘cajas’, las hendijas y filtraciones por donde se va el dinero”, aseguró.

Estos sectores del Estado nacional al que se refiere son, entre otras, a la Anses, que contó con un presupuesto de casi $13 billones durante 2023; Enarsa, empresa clave para la política energética nacional, algo más de $925.000 millones; el PAMI, cerca de $330.000 millones, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que contó con $9258 millones de presupuesto este año, a los que sumó otros $4400 millones en agosto.

Dentro de organismos descentralizados también hay «cajas» como la Superintendencia de Servicios de Salud (con gastos corrientes por $46.900 millones este año), o empresas del Estado nacional que movieron un total de $1,7 billones como AySA ($125.800 millones), Aerolíneas Argentinas ($72.900 millones) o el Correo Oficial ($96.400 millones), Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($18.300 millones) o la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA, $15.900 millones), entre otras. En tanto a las empresas privadas con participación accionaria mayoritaria del Estado nacional, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), destinó $17.088 millones del presupuesto hasta el 30 de septiembre.

En cuanto a los fideicomisos tienen un presupuesto de casi $1,5 billones repartido en 29 fondos fiduciarios, según el presupuesto 2023 del Ministerio de Economía, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de esos fondos, algunos de los cuales sólo fueron auditados una vez y hace más de 10 años. La idea de estos fideicomisos es la de financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte como el “Procrear”, “de Infraestructura Hídrica”, “Integración Socio Urbana”, “Manejo del Fuego”, “Estabilizador del Trigo Argentino” o “para el Desarrollo Provincial” o “para la Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros. “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso en un informe de enero pasado.

Todo es cuestión de decisión política para poder reducir los gastos de la administración pública nacional en miles o decenas de miles de millones de pesos. En cambio, en el Poder Legislativo Nacional, con sus partidas multimillonarias para asesores, empleados y compras que, en años anteriores, incluyeron medallas conmemorativas de oro, lapiceras y pines también de oro, entre otros gastos, queda lejos de su alcance.

“Sé que es controversial, ¿pero qué pasaría si se analizara a cada legislador nacional como un ‘centro de costos’?”, propone Monteverde. “¿Qué pasaría si analizáramos su ‘productividad’ en sentido amplio? ¿Y cuántos asesores contrató? ¿Son asesores o amantes o ‘ñoquis’? Y eso, sin olvidar áreas específicas del Poder Legislativo, como la Biblioteca del Congreso. ¿Cuántas personas trabajan realmente allí?”.