El presidente electo, Javier Milei, ya avisó que frenará toda la obra publica desde el Gobierno nacional, optando porque sea el sector privado el que se encargue de obras de infraestructura para el país.

En ese contexto, el actual administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, consideró que “la situación ha cambiado drástica y dramáticamente desde la semana pasada, puesto que en una primera instancia el presidente electo dijo que se iban a respetar los contratos. Sin embargo, luego manifestó que la obra pública se parará a cero. Inmediatamente las empresas que están trabajando en el día de hoy tendrían que cobrar los certificados por el asfalto que están echando en el mes de enero. La situación de parar la obra pública a cero, inmediatamente desató un montón de telegramas, y notificaciones que en primera instancia notificaron a Vialidad Nacional”.

“Ante la falta de certeza acerca de si van a cobrar y ante la rotura de la ecuación económica financiera, pedían a Vialidad una neutralización de los contratos. Esto trajo aparejados ya los primeros despidos en el sector relacionados con el personal de la UOCRA. El panorama es bastante complejo”, agregó el ex intendente de Cañuelas.

En ese sentido, Arrieta consideró que “lo que propone el nuevo presidente es una iniciativa a la chilena, en el cual todo se ha llevado adelante por la iniciativa público-privada”, explicando que “Chile tiene una organización institucional muy centralizada y bastante unitaria de todo su territorio. Y que el 90% de sus rutas son nacionales. Ahora bien, toda la extensión de la red vial chilena no sobrepasa el 15% del total de la red vial argentina, que tiene alrededor de 44.000 kilómetros de rutas nacionales, alrededor de 42.000 de rutas provinciales, y otro tanto de caminos y rutas municipales identificados. De toda esa inmensa red de alrededor de 120.000 kilómetros, solo hay 4.000 o 5.000 kilómetros que pueden presentar algún tipo de interés para la iniciativa privada, que son los principales accesos a las grandes ciudades, principalmente CABA y las principales conexiones con los puertos”.

Además sostuvo que “es la plataforma territorial que se utilizó en el desarrollo del fracasado esquema PPP de participación pública-privada, que fue uno de los principales objetivos de la iniciativa privada, uno de los peores fracasos del gobierno de Mauricio Macri. Las PPP que funcionan en el mundo solamente cubren una mínima parte de la obra pública en general. En los mejores casos alcanzan el 8, el 10, el 12 o el 14% del presupuesto total de la obra pública, aún en los países chicos. La experiencia chilena no ha dado buenos resultados, en virtud de que solamente pueden entrar en el esquema de PPP empresas muy grandes y muy específicas que pueden acceder a créditos internacionales, pueden pagar consultoras y estudios de abogados y ofrecer las garantías pertinentes”.

“A eso hay que sumarle que las consultoras, los bancos y los estudios de abogados cobran. Por lo tanto, eso sumado a los intereses de los préstamos, hace que la obra pública por el sistema de PPP en Argentina, en el esquema fracasado del ingeniero Macri, costaban por lo menos un 50% más que las obras realizadas por Vialidad. A esto hay que sumarle el estrepitoso fracaso de haber transitado 3 años pudiendo cumplir solamente con el 2% de los contratos”, Concluyó Gustavo Arrieta.