Los detenidos fueron vinculados a los recientes episodios registrados en estaciones ferroviarias, Casa Rosada, Congreso de la Nación, colegios y en el búnker de Unión por la Patria.
Un grupo de jóvenes quedó detenido acusado de haber sido responsable de al menos 30 amenazas de bomba realizadas en el último tiempo, dirigidas a estaciones ferroviarias, a la Casa Rosada, al Congreso Nacional, a la Cámara Nacional Electoral, a instituciones educativas y al búnker de Unión por la Patria en las elecciones del 22 de octubre, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita, entre otros lugares.
Las detenciones se produjeron en el marco de una causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
Según trascendió, se pudo establecer que las amenazas eran realizadas «a través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro que utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet».
«Los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la denominada ‘deep web’. En ese ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros, utilizaba redes wi fi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado», detallaron fuentes judiciales.
Los jóvenes detenidos están acusados por la serie de amenazas de bomba registradas en las últimas semanas a estaciones de tren y de subte en la ciudad de Buenos Aires, como así también a la Casa de Gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional Electoral e instituciones educativas.
También, habrían sido responsables de amenazas recibidas por funcionarios de primera línea del Gobierno nacional y se trata del mismo grupo que habría estado detrás de la amenaza de bomba recibida en el Complejo C de Chacarita donde funcionó el búnker de Unión por la Patria en la jornada electoral del 22 de octubre.
Según fuentes de la investigación, los jóvenes serían responsables de «al menos unos 30 hechos de amenazas de bomba» que causaron «millonarias pérdidas por la suspensión de los servicios ferroviarios afectados».
