Tras un año y dos meses del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la investación se encuentra muy lejos de concluir. Sin embargo, Gerardo Milman continúa siendo investigado bajo sospecha de complicidad.

El diputado Milman quedó en el centro de la escena luego de que un testigo clave dijera ante la jueza María Eugenia Capuchetti que el legislador ya sabía el 30 de agosto que dos días más tarde se iba a cometer el intento de asesinato de Cristina Kirchner. «Decía ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’ y se mataban de risa”, contó ese testigo que lo escuchó en un restaurante cercano al Congreso. Además, el legislador fue señalado por Brenda Uliarte —novia de Fernando Sabag Montiel, quien intentó asesinar a la ex presidenta— como responsable de pagarle «a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner».

En mayo de este año la causa tuvo un giro, luego de que Bohdziewicz -una de las colaboradoras del diputado que se encontraba en el lugar cuando Milman lanzó la polémica frase- contara ante la justicia que había sido convocada por el entorno del legislador a una oficina de Patricia Bullrich para eliminar la información de su teléfono celular.  Dijo que también «manipuló» el del diputado.

El 17 de agosto pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña —con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Mariano Llorens— ordenó el secuestro del teléfono de Milman, algo a lo que se había negado la jueza María Eugenia Capuchetti.

Milman, finalmente, entregó en forma voluntaria su celular a través de su abogado, Manuel Barros, el 22 de agosto. Sin embargo, apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal para evitar que su contenido sea analizado. La Sala II de esa cámara decidió desestimar ese recurso y autorizar la orden de secuestro, por lo que quedó despejado el camino para que comience el análisis.

No obstante, un oficio del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Buenos Aires» de Gendarmería Nacional, anunció el viernes último ante el juzgado de Capuchetti que con la tecnología que disponen los especialistas no pueden extraer el contenido del aparato. Ya la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que suele tener los instrumentos de mayor avanzada para este tipo de peritajes, había notificado que no pudo acceder a la información dentro del teléfono de una de las colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio (Carolina Gómez Mónaco), que es exactamente el mismo modelo que el de su jefe. Se trata de un iPhone 14 Pro Max que –como hizo notar la querella de CFK– salió al mercado después del 1 de septiembre, día del intento de magnicidio. Ahora el juzgado le preguntó a la defensa de Milman si está dispuesto a revelar la clave del dispositivo.

El Iphone en cuestión está guardado en la caja fuerte del juzgado de María Eugenia Capuchetti. Ya por el tiempo transcurrido era difícil imaginar que pudiera contener algo relevante para la causa. Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, mostraron no sólo que el modelo entró al mercado después del ataque sino que Milman no lo usó hasta después de mediados de noviembre del año pasado. Cuando a la magistrada no le quedó más opción que disponer su apertura, consultó a la Gendarmería si podía hacer el trabajo y la respuesta fue la que estaba casi cantada. Si Milman no aporta la clave, no parece haber alternativas.

El defensor de Milman y abogado histórico de gendarmes, Manuel Barros, había informado en el juzgado que su cliente tiene tres líneas más, al menos dos de ellas en uso. Ante esta noticia la querella y la fiscalía pidieron por esos teléfonos también, lo que generó una nueva ronda de discusiones que debe resolver ahora la Sala I de la Cámara Federal. Es posible que si ordena abrir esos dispositivos también haya que pedir otra vez autorización a la Cámara de Diputados.

El uso de los teléfonos celulares como prueba en esta causa fue problemático desde el comienzo, cuando quedó dañado el del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó dispararle a la vicepresidenta pero falló. La Policía Federal fracasó en la extracción de información que hizo en el juzgado en horas de la madrugada después del atentado. A la noche siguiente, Capuchetti mandó a la agente que custodia su despacho a la sede de la PSA en Ezeiza. El sobre de la cadena de custodia llegó abierto, el celular encendido y cuando lo quisieron analizar apareció un cartel que mostraba que estaba reseteado de fábrica. Sólo se pudieron analizar las tarjetas SIM y de memoria. Sabag Montiel, su entonces novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo (que manejaba la venta de copos de azúcar de la que participaba la pareja) están presos y su acusación fue elevada a juicio, sin conexiones políticas ni financieras.

La «pista Milman» quedó en primera instancia, fuera del juicio oral, y está complicada por las demoras y los problemas con los celulares que, como está a la vista, persisten hasta el día de hoy pese a que varias pistas podrían conducir a Milman: no sólo el relato del testigo, sino sus proyectos donde anunciaba un atentado contra CFK quince días antes de que ocurriera y un escrito presentado por Uliarte que dice que habría pagado a gente para que fuera a generar violencia en las cercanías de la casa de la vicepresidenta.