Mauricio Macri aceptará un fallo judicial que podría obligar a poner bajo tierra el tendido del servicio de televisión por cable de la ciudad. La decisión del jefe de gobierno porteño aparenta un duro revés para el Grupo Clarín, ya que sus empresas Cablevisión y Multicanal tienen una instalación aérea. Sin embargo, el impacto de la medida es relativo: en ningún momento se aclara quién invertirá los más de 300 millones de dólares que implicaría el soterramiento de las líneas de coaxil. El tema se abrirá desde ahora a la discusión y no hay plazos legales para definirlo.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia local al que dará lugar Macri cuestiona la llamada Ley Clarín (1.877) y dispone que las tres empresas que brindan actualmente el servicio de cable en la Capital –además de Cablevisión y Multicanal está Telecentro– estén en igualdad de condiciones que sus potenciales competidoras. Durante la discusión de esas condiciones, los nuevos oferentes del servicio estarán impedidos de participar del negocio. Otra demora que favorece al Grupo Clarín.

UNA LEY A MEDIDA

Cuando hoy a las 15 se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para avanzar sobre el tema, sus integrantes ya habrán recibido la instrucción. La mayoría macrista emitirá un dictamen que acepta el fallo del Tribunal Superior de Justicia local. Pero es probable que eso nunca llegue a tratarse en el recinto, ya que el sector que aceptará la instrucción de Macri difícilmente logre reunir el número suficiente de votos como para aprobarlo.

La Constitución de la Ciudad establece que ante el eventual silencio parlamentario, la decisión judicial queda firme. No será la única postura: otro sector del macrismo, que es funcional a los intereses de Clarín, buscará en la reunión de hoy emitir un dictamen de minoría para insistir con la letra original de la ley 1.877. ¿Qué dice esa norma? Esa ley regula los permisos para la afectación y el uso del espacio público para la instalación de las redes de televisión por cable en el distrito. La norma, como relató este diario hace una semana, fue sancionada a medida de las empresas que concentran el negocio en la ciudad: Multicanal y Cablevisión. Ocurre que en 2005, cuando fue sancionada, vencía el holgado plazo de diez años que le había dado la gestión de Fernando de la Rúa para soterrar todo el tendido de coaxil que invade el cielo porteño. La nueva norma redactada por Aníbal Ibarra prorrogó ese plazo por otros 20 años, eximió a las empresas de las millonarias multas que debía pagar por el incumplimiento y e

stableció reglas especiales para los eventuales competidores que pudieran surgir en el mercado.

La Ley Clarín previó que los nuevos actores que pretendieran dar servicios de TV por cable en cualquier barrio la ciudad debían instalar sus redes bajo tierra, mientras que a las empresas existentes les permitían permanecer en el aire en casi el 90 por ciento del territorio. No es una diferencia menor: una cuadra de cableado aéreo cuesta casi ocho veces menos que el tendido bajo tierra. La ley no sólo aplazó y redujo los planes de inversión, sino que pretendió garantizarle el oligopolio a Clarín.

LA BATALLA JUDICIAL

Durante 2006, Gigacable, un operador de telefonía, TV por cable e internet con negocios en varias ciudades del interior, emprendió una batalla judicial contra el Estado porteño por haber promulgado una norma que avanzaba sobre el principio de igualdad ante la Ley. Todas las instancias judiciales le dieron la razón a la empresa, y ante cada fallo, el gobierno de la Ciudad, que por esos días comandaba Jorge Telerman, apeló judicialmente e hizo de abogado de Clarín. El caso llegó al Tribual Superior de Justicia.

En el fallo definitivo, de diciembre pasado, el juez Julio Maier sentenció en contra de la ley “al resultar irrazonable la regulación en cuestión en tanto establece un trato normativo –con fuertes consecuencias económicas– dispar, injustificado y hasta prooligopólico, contrario por todo ello a normas constitucionales (nacionales y locales)”.

Macri resolvió ahora no apelar la medida judicial y la sentencia quedó firme. Al tratarse de una declaración de inconstitucionalidad, el expediente recayó en la Legislatura, que debe decidir entre insistir con la letra original o aceptar el fallo. Después de casi cuatro meses de negociaciones, peleas y discusiones, el jefe de gobierno resolvió ordenarle a su tropa parlamentaria que acepte el decisión judicial. Pero ahí no termina la historia.

Los jueces complicaron a los legisladores. Dejaron sin efecto sólo dos incisos de dos artículos de la norma. Eliminaron las marcas que reclamaban un trato diferencial para las empresas existentes. Y dejaron un importante vacío legal: tal como queda redactada, la ley impide que ingresen nuevos actores, porque desaparecen las condiciones que debe respetar una empresa para poder instalar una nueva red. Por ejemplo, la regulación impide que más de tres empresas utilicen los postes que se usan para tender los cables. Como se dijo, en la ciudad ya hay tres clableoperadores: los dos del Grupo Clarín y Telecentro. ¿Por dónde pasará el resto sus cables? Tampoco podrá instalar nuevos postes, porque la ley establece que sólo puede haber hasta cuatro por cuadra. Cuando el fallo del tribunal quede firme, la ley perderá sentido. Ahí comienza una nueva etapa de negociación.

PAGAN TODOS

La decisión de Macri ya fue advertida al grupo. Esa tarea recayó en manos del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los actores del macrismo que busca desde el primer día una salida que evite grandes derramamientos de sangre. De hecho, en 2005, la parte del bloque de PRO que le responde fue necesaria para reunir la cantidad de votos suficientes para sancionar la ley. Desde el gobierno le hicieron saber al directorio de Clarín que no reunirían los suficientes votos como para ratificar la norma original. Pero, al mismo tiempo, le comunicaron que aún no está cerrada la discusión.

Los aliados peronistas de PRO ya tienen elaborado un paquete de soluciones para llenar los vacíos legales que deje el fallo y que pretenden aliviar la carga de la inversión del sector privado. Amparados en la defensa del espacio público, proponen que sea la Ciudad la que realice las obras de soterramiento y que en el futuro le cobre a las operadoras un canon por su utilización. “La pelea no termina acá”, advirtió un legislador escudándose en el anonimato. Pero esas soluciones no tienen consenso dentro del Gabinete. “¿Por qué todos los porteños, y en especial aquellos que no tienen cable, van a tener que pagar las obras que le corresponden a las empresas?”, respondió un ministro ante la pregunta de Crítica de la Argentina.

A diferencia de la declaración de inconstitucionalidad que reclama una pronunciación legislativa antes del 13 de mayo, las modificaciones que se introduzcan a la ley no tienen fecha de vencimiento. Ocurre que, como paso previo a desembarcar en la ciudad, las empresas que pretendan ofrecer el “servicio complementario de televisión” deben pasar primero por el filtro de la Casa Rosada. Se sabe que en el Comité Federal de Radiodifusión ya tienen redactada la resolución que habilite a que una cuarta empresa preste el servicio de TV por cable en la ciudad. Pero hasta que el Ejecutivo nacional estampe la firma, el vacío legal será sólo una molestia burocrática que le permitirá a Mauricio Macri mantener el estado de negociación con Clarín.

UN LEY QUE NADIE CUMPLE

El 9 de febrero de 2007 entró en vigencia la nueva ley que modificó, en favor de las empresas proveedoras de televisión por cable, los plazos para soterrar en el Microcentro y las principales avenidas los tendidos de coaxil y reemplazar los postes de madera por los metálicos en el resto de la ciudad. Pero las obligaciones fueron incumplidas, y el plan de obras previsto para el primer año de validez de la norma está en foja cero. Pero el Estado porteño no aplicó una sola multa.

Entre enero y agosto de 2007, el Ente Regulador de la Ciudad, el encargado de fiscalizar los servicios concesionados del distrito, detectó más de 10 mil infracciones por parte de las tres operadoras de cable. Esos hallazgos pertenecen apenas a 2.364 de las 53.298 cuadras que tiene la ciudad. En 1.929 cuadras fueron relevados 3.355 postes de madera, y junto a los metálicos, observaron un promedio de seis postes por cuadra.

La ley autoriza un máximo de cuatro. Y el avance del soterrado del cable, ni siquiera figura en el plan de control del ente. La inacción estatal sobre los controles da cuenta de que la promocionada intención de obligar a las empresas a invertir es, por ahora, un enunciado que no encuentra un correlato en el espacio público que pertenece a los vecinos de la ciudad.

FUENTE: CRITICA DE LA ARGENTINA