El colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, que detectó numerosas irregularidades y advirtió que por la magnitud y características del acuerdo “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.

Durante la reunión, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica- explicó los «hallazgos principales del informe» y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.

El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Angel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro M. Nieva.

Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez. 

«El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país», recordó Fernández.

«Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos», señaló la AGN en un comunicado de prensa.

Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacaron «relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo».

Además, se advirtió sobre «la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública».