La intención de la investigación es determinar si el Grupo Caputo Hermanos financió al atentado contra CFK a través de Revolución Federal.
Las investigaciones en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se siguen llevando a cabo, y en este marco el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los supuestos proveedores de Caputo Hermanos para determinar si el empresario vinculado al macrismo financió a Revolución Federal, principal apuntado en la causa.
El vinculo entre Revolución Federal, el atentado y Caputo nace por Jonathan Morel, fundador de la organización ultraderechista, que mantenía un vinculo con Brenda Uriarte, mano derecha del ultimo eslabón del hecho, Sabag Montiel. En este caso, la co autora era militante de la organización que organizaba marchas violentas, con lemas que decían: «al kirchnerismo, cárcel o bala”, “van a correr” o “todos presos, muertos o exiliados», entre otras cosas.
Según declaró el propio Morel recibió alrededor de 13 millones de pesos por parte de Caputo Hermanos. Según él, fue como contraprestación de trabajos que hizo o que subcontrató desde su carpintería en Boulogne. Algo que llamo la atención por los presupuestos que manejaba el joven militante.
En en el marco de esta investigación, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los supuestos proveedores de Caputo Hermanos en el edificio ubicado en la zona de Vaca Muerta.
Pollicita también investiga al entorno de Leonardo Sosa, que fundó el grupo con Morel. Al fiscal le interesan las cuentas del padre, Oscar Enrique Sosa, porque el 20 de octubre pasado, cuando allanaron su domicilio de Villa Ballester encontraron abundante efectivo. Según las actas del allanamiento, se hallaron entonces 381.000 pesos, 49.385 dólares y 205 euros. Cuando lo indagaron, Sosa había tratado de descargar en su compinche Morel los agujeros negros del financiamiento del grupo. Había dicho que era Morel quien tenía que, en todo caso, rendir cuentas por su trabajo.
Por otro lado, en la misma causa esta semana la Cámara Federal volvió a rechazar el pedido de recusación de la jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, petición firmada por los apoderados de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por mantener vinculo con Marcelo D’Alessandro titular de la justicia porteña y parte del principal partido opositor del gobierno.
