Victoria Donda es la impulsora del proyecto de ley. No afectaría a Luis Patti, porque fue elegido por el voto popular. La legisladora es hija de desaparecidos, nacida en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y actual diputada nacional por el partido Movimiento Libres del Sur.

La diputada presentó el pasado 26 de marzo el proyecto de modificación de la Ley de Partidos Electorales y la de Ética Pública. La nueva legislación plantea “impedir que sean funcionarios públicos o se postulen a candidaturas políticas todas aquellas personas que estén condenadas, imputadas o involucradas mediante pruebas suficientes en delitos de lesa humanidad o que hayan facilitado su concreción”, explicó la diputada en “Pasa de Todo”.

La medida adquiere resonancia luego del fallo de la Corte Suprema que respalda la medida de la Cámara Electoral Nacional, que le había dado el visto bueno a Patti para sumir. El ex subcomisario había apelado luego de que la Cámara de Diputados repudiara su asunción. La banca fue ocupada por Dante Camaño.

Por otro lado, el ex Intendente de Escobar debe declarar ante el juez Suárez Araujo el jueves 10 a las 10 horas en el Tribunal Número 2 de San Martín, en la calle San Lorenzo. Lo investigan por secuestros, torturas y asesinatos en la zona Norte del conurbano y en plena dictadura, entre ellos el del ex diputado peronista Diego Muniz Barreto. También por los secuestros y asesinatos de los montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en mayo de 1983, ya con el gobierno de facto en retirada.

La ley entraría en vigencia en poco más de un mes, tras ser analizada en las distintas comisiones para después ser aprobada en la Cámara baja, porque contaría con el consenso necesario. Después, deberá ser tratada en el Senado, donde también pasaría rápidamente.

La diputada explicó que “afectará retrospectivamente a quienes hayan sido designados por el Poder Ejecutivo pero no a los elegidos por el voto popular”. .

Al respecto, Donda indicó que “lo sucedido con el aval de la Corte otorgado a Patti se debe justamente a los 25 años de impunidad en el que no existían instrumentos legales contundentes para impedir la postulación del ex intendente de Escobar”.

Entre los funcionarios que se desempeñan actualmente y que se verían afectados por la nueva legislación figura el viceministro de seguridad de Mendoza, Carlos Rico Tejeiro, encargado de “resguardar la paz social” durante el Mundial del 78, según consta en su legajo. También involucraría al ministro de Salud de Santiago del Estero, Franklin José Moyano, subsecretario del área en 1980.

Donda dijo “que el espíritu del proyecto consiste en hacer valer los consejos de organismos internacionales, como los emitidos por la Corte Interamericana de Justicia, que recomiendan al país arbitrar todos los mecanismos posibles para prohibir que personas vinculadas a los crímenes contra los derechos humanos accedan a cargos de poder”.

“Que hoy podamos estar planteando estos proyectos de ley me hace sentir feliz de lo que pudimos construir. Hasta hace poco, el panorama era muy desalentador: Aldo Rico era intendente de San Miguel y Antonio Bussi era gobernador de Tucumán. Significa que hemos avanzado bastante y que estamos construyendo la verdad sobre el manto de impunidad con el que quería tapar al pueblo argentino”, opinó Donda. Sin embargo, aclaró que “la ley no hubiese sido necesaria si hubiese habido Justicia con el restablecimiento de la democracia”.

La iniciativa lleva además la firma de los diputados Adriana Puiggrós, Ariel Basteiro, Remo Carlotto, Claudio Morgado, Eduardo Macaluse, Patricia Vaca Narvaja, Claudio Lozano, Edgardo Depetri, entre otros.