Un container de basura transformado en topadora contra uno de los ingresos a la Legisaltura provincial, fuego en las afuera del palacio legislativo y piedras volando que terminaron con al menos dos heridos y un puñado de vidrios rotos son el resultado inmediato de la protestas que durante la jornada del jueves reunió a organizaciones de izquierda y sindicatos de municipales bonaerenses en la previa al debate del Presupuesto 2023, cuyo final aún es incierto.

Tal como lo anticipó Buenos Aires/12, el oficialismo había convocado a una sesión doble para acelerar los acuerdos y aprobar las leyes que marcarán el rumbo del último año de la primera gestión de Axel Kicillof al frente de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá del tiempo previo en la que los titulares de las bancadas mayoritarias de ambas Cámaras mantuvieron un detallado régimen de reuniones con autoridades provinciales, diputados oficialistas y opositores y representantes de los bloques de intendentes, la negociación no estuvo cerrada hasta el mediodía del jueves. De hecho, la sesión den Diputados, que estaba convocada para las 11, se retrasó, hasta el momento por tiempo indeterminado.

La izquierda, con los legisladores Guillermo Kane, Graciela Calderón y Néstro Pitrola a la cabeza, habían convocado a una movilización a la con el paso de las horas se fueron sumando organizaciones sociales, referentes del sindicalismo combativo y algunos concejales y referentes comunales del Frente de Izquierda, que anticipaban su rechazo a lo que definieron como “un acuerdo para garantizar el ajuste en la Provincia de Buenos Aires”.

“El Frente de Todos y Juntos llevan adelante un debate que se hace de espaldas a la población, cambiando figuritas con mucha arbitrariedad y sin un plan de obras claro”, aseguró el diputado Kane a Buenos Aires/12. “Frente a la crisis social, lo único que hacen es sacar la policía a la calle. Nosotros repudiamos eso porque estamos en el centro productivo, industrial y agrario del país y si no hubiera una política impuestos regresiva y se decidiera avanzar progresivamente sobre los grandes negocios, el lobby inmobiliario y los bancos tenemos la riqueza para tener trabajo y poder vivir bien en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

La concentración de la izquierda transitaba sus carriles habituales en la esquina de 7 y 50, trabajadores municipales de distintos puntos de la provincia comenzaron a arribar por la intersección de 7 y 53 hasta llegar a la puerta del palacio legislativo. Allí, la tensión empezó a escalar y los manifestantes rápidamente se entremezclaron.

En la puerta de la legislatura acompañando a los municipales. Cobran salarios de hambre y el FdT y Juntos están acordando robarle los salarios familiares, con un cláusula que introducirian al presupuesto. Todo nuestro apoyo a los trabajadores y repudio a los ajustadores pic.twitter.com/Y0mHdHn3pT

— Guillermo Kane (@guillekane) December 15, 2022

Un grupo de manifestantes intentó derribar el portón del ingreso al recinto del Senado, y las piedras comenzaron a volar sobre el edificio ubicado en el centro platense. La escena, que duró menos de una hora, incluyó al diputado de la Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, pidiendo que el gobernador Kicillof “mande a la policía a reprimir”. “Un par de violentos no pueden extorsionar a las instituciones. Reprima y permita que trabajemos y sesionemos. Aun estando en contra del orden del día, apoyaremos el orden social”, escribió desde su cuenta de Twitter.

El argumento principal del reclamo de los municipales que llegaron desde Merlo, Avellaneda, Mercedes, Morón, Cañuelas, Chivilcoy, Vicente Lopez, entre otras ciudades bonaerenses tiene que ver con lo que denuncian como una promesa no cumplida por parte del gobierno provincial. “El año pasado nos modificaron un artículo de la Ley 14.656 en el cual se derivó a las intendencias la facultad de fijar los montos de las asignaciones familiares, cuando previamente estaba atada a lo establecido por ANSES a nivel nacional. Había un compromiso para modificarlo este año, pero no lo hicieron”, dijo a este medio Evangelina Artaza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes.

Tras los incidentes, el secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Héctor Rubén García, ingresó al palacio legislativo para intentar arribar a un acuerdo con las autoridades de la Cámara y los referentes del oficialismo. Casi como un paso de comedia, en la entrada que la Legisaltura tiene en la intersección de las calles 7 y 51, comenzaron a llegar montones de cajas de pan dulce. Esas, que serán repartidas entre los trabajadores de la Legislatura en las tradicionales cajas navideñas.

 

Mientras tanto, el debate al interior de la rosca legislativa pasaba por los valores establecidos a partir del Código Único de Distribución (CUD), la herramienta que termina definiendo los fondos que recibe cada uno de los 135 municipios, según los criterios coparticipables. El último borrador presentado por el oficialismo puso en alerta los legisladores de Juntos que, tras acordar en el puñado de exigencias con las que arrancaron las negociaciones semanas atrás, se percataron que, a partir de los ítems que conformar el CUD, la mayor parte de los municipios gobernados por su fuerza política se vería perjudicada en el reparto general de fondos, en comparación con lo presupuestado en 2022. Más allá de lo sucedido en la calle, en ese diferendo radican las diferencias que persisten en la tarde del jueves.