El alegato de fiscal Diego Luciani, con el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad, marcó un antes y un después en el Gobierno nacional. La militancia kirchnerista se movilizó y se manifestó en Juncal y Uruguay, la intersección de las calles donde vive CFK, en su departamento del coqueto barrio de Recoleta. Amén de las polémicas que se generaron por el enfrentamiento entre Nación y Ciudad por el accionar de la Policía, la mandataria se fortaleció con sus seguidores apoyándola y quedó en el centro de la escena política -como siempre, como cuando interviene en algún acto-.

Sin embargo, todavía hay voces dentro del Frente de Todos (FdT) que piensan sobre cómo canalizar esta situación judicial. Así como la vice eligió politizar esta causa en la que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita por desvío de fondos del Estado, el oficialismo, en toda su extensión, dejó las diferencias internas en el cajón y se unió en los últimos días para contrarrestar «la persecución judicial» y el «lawfare» que, a su entender, está sufriendo Cristina. Lo dijo la propia vicepresidente: «Pidieron 12 años de cárcel por los 12 años de nuestro gobierno».

Es así como en la reunión que mantuvo ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto a algunos de los ministros, la estrategia sobre cómo defender a Cristina Fernández ante el Poder Judicial fue el centro de la conversación. La idea es no particularizar esta causa con la Justicia en la líder del FdT, sino generalizar: esto quiere decir que el discurso del Gobierno gira en torno a que el objetivo del fiscal Luciani y del sistema judicial es «proscribir al peronismo». O sea, hay que «deskirchnerizar» o «peronizar» el conflicto para que se entienda que el trasfondo no es meter presa a CFK, sino hacer desaparecer al peronismo del sistema político como se hizo post Revolución Libertadora en 1955. Para eso, entienden, es necesaria la unión entre los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales.

En el interior del Gabinete, el propio Manzur había hablado sobre la situación de la ex jefa de Estado: «Creo firmemente en la inocencia de nuestra vicepresidenta», expresó. Sin embargo, dentro de su equipo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Soria, también es uno de los férreos defensores de la referente del Frente de Todos, a los que se suma el titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Agustín Rossi. Está más que claro que, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, es uno de los hombres más alineados al kirchnerismo duro para defender a CFK -en la reunión se retiró antes por compromisos de agenda, al igual que el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis-.

Luego de finalizado el encuentro, el canciller, Santiago Cafiero expresó que “uno de los temas de conversación fue la persecución judicial contra nuestra vicepresidenta, que tuvo respaldo y apoyo en términos políticos e institucionales. Gran parte de los que estuvimos en la reunión de Gabinete participamos de la reunión del Partido Justicialista y desde allí también se esbozó un comunicado como parte de la pertenencia política y partidaria de cada uno de nosotros». Cafiero resaltó que «el debate no es solo en torno a una injusticia contra un ciudadano, sino que lo que este Gobierno propone es luchar contra las injusticias cotidianas, que tienen que ver con la crisis en la que está hoy el sistema judicial en nuestro país”.

Por otro lado, en tercer plano quedó la figura del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que había sido relegado al segundo en medio de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. «Eso está bien porque el principal problema que tenemos es la inflación y por eso Sergio está en el centro de la escena. El rol de Alberto ahora es ir por el territorio cosechando lo que sembró», explican.

A pesar de que ninguno de los dos participó de la reunión, es cierto que hubo (y hay) diferencias en sus declaraciones públicas sobre la defensa a Cristina. El jefe de Estado sostuvo que repudia “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta” y agregó en una entrevista a TN que «Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuye».

Asimismo, el titular del Palacio de Haciendo no se expuso tanto públicamente y fue cauteloso a la hora de hablar del tema judicial: «Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes», dijo Massa a través de Twitter. En la campaña de 2015, Massa había sido muy crítico del gobierno kirchnerista a tal punto de decir que «iba a meter presos» y a «barrer a los ñoquis de La Cámpora».

En definitiva, toda la pluralidad de la coalición del Frente de Todos coincide en centrar la discusión judicial en el peronismo en su conjunto, y no solo en Cristina. «El peronismo se siente atacado y reacciona en su defensa. La persecución para el peronismo es fundante, al igual que la proscripción. Es cíclica, como la figura normativa que usa siempre la derecha, que es la de asociación ilícita», expresaron fuentes del Gobierno nacional. El mensajes es claro: comparar este proceso judicial de Cristina con lo que sucedió entre 1955 y 1972 con el expresidente, Juan Domingo Perón. Así, el oficialismo busca quitar del centro de la escena los casos de corrupción por los que está acusada CFK.

Sobre esto habló el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, quien también comparó la situación actual de movilización en la puerta de la casa de Cristina con lo que sucedió en 1972 en Gaspar Campos. En sus redes sociales, compartió un hilo de fotos de ambos momentos, con situaciones muy similares: «Juncal y Gaspar Campos. Impresionante recopilación», aludiendo a la residencia de Perón en Vicente López, cuando regresó del exilio y sus seguidores se agazaparon en los alrededores.

«La derecha tiene las corridas cambiarias como herramienta de presión, nosotros tenemos las calles. CFK es la que mejor puede amplificar el mensaje del peronismo y tiene una percepción aguda de dónde está el poder: está fragmentado y los estados tienen cada vez una porción más chica, por eso la quieren fuera de juego», explican desde el Gobierno. En esa línea, consideran que es necesario federalizar y «peronizar» el conflicto, incluyendo a la CGT, a los movimientos sociales y a los gobernadores, para mostrar signos de fortaleza en medio de una crisis económica que el Gobierno no le encuentra solución.

La situación judicial de Cristina Fernández también sirvió como cortina de humo para tapar el ajuste fiscal que realizó el Gobierno tras la asunción de Sergio Massa. En sí, cuando el exintendente de Tigre se hizo cargo de la cartera más importante del Gabinete, expresó que su línea de pensamiento es «bajar el déficit fiscal» y mantener un orden con las «cuentas«. Pero, además del anuncio sobre el recorte de subsidios en la luz y el gas para empezar a bajar el sobregasto en las cuentas públicas, pasó casi desapercibido el ajuste en los ministerios de Salud, Educación y Discapacidad.

Por otra parte, el próximo 14 de septiembre se conocerá el índice de inflación de agosto. Según varias consultoras, podría superar el 6 % -el número sería mayor en alimentos-. Desde el oficialismo ya adelantan que el número será nuevamente alto, lo que catalogan como la mayor preocupación del gobierno en este momento. «No hay ningún tipo de ajuste. El ministro de Economía fue muy explícito al respecto en la reunión», dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Lo que se hizo fue «una reasignación de partidas de los presupuestos subejecutados a esta altura del año».

El desafío está en paliar este fenómeno que golpea el bolsillo de los argentinos hace 20 años y que, en definitiva, es «el peor veneno» de los trabajadores, como dijo el propio Massa. Sin embargo, en el Frente de Todos también se preocupan en la situación judicial de Cristina. Por eso, la estrategia para poder salir airosos de esta causa es clave para no perder fuerza de cara a las elecciones 2023. «Peronizar» la causa es el camino elegido para el oficialismo.