Por Julio Zamora. 

Argentina se encuentra entre los 10 principales productores de maní, y también entre los principales exportadores en valor, ocupando el tercer lugar mundial en exportación de maní crudo y el primer lugar, sí, leyó bien, el primer lugar, con el 38 por ciento del total de exportaciones de preparaciones de maní.

Esta debería ser la noticia para los principales medios de comunicación de la Argentina, pero no, en la Argentina agrietada signada por la violencia verbal y la posverdad, la noticia fue otra.

En efecto, en uno de los principales medios televisivos, fui incluido junto a otros dos intendentes del inextricable y mítico conurbano bonaerense, en una nota que ponía de relieve hechos insólitos que se producen en nuestros territorios.

En el caso de Tigre, el periodista exponía un video donde un concejal de la oposición manifestaba que el municipio que represento había hecho erogaciones por 12 millones de pesos en… maní.

El conductor del programa, sin haber chequeado en lo más mínimo esta información, rápidamente sacó cuentas de la cantidad de kilos de maní que significaba eso. Este tipo de noticias sensacionalistas, como ya deben saber, originan un Tsunami de memes en las redes sociales, a los cuales, quienes ejercemos la administración pública, ya estamos un poco acostumbrados. Y quizás a muchos de ustedes ya se le deben estar ocurriendo varios (a mí se me ocurrió uno: una foto del intendente, dándole de comer maní en la plaza a una manada de elefantes).

Lo cierto, la verdad de los hechos, es que del instrumento que había tomado nota, el legislador sólo extrajo el primer producto de una lista de compras para cajas navideñas, en el marco de un acuerdo convencional con las organizaciones gremiales, que anualmente y desde hace mucho tiempo el municipio entrega a su personal, esto es, barras de pasta de maní, garrapiñadas, bebidas espumantes, pan dulce, budines, turrón y confites.

Cuando vienen las fiestas, es justo que nuestros empleados municipales, después de un año de arduo trabajo, reciban este presente navideño, que por otra parte es práctica habitual en muchas empresas y organismos y, además, con un costo per cápita que fue de aproximadamente $ 2.000 por cada agente municipal.

Asimismo, esta entrega se extiende a un universo de personas en situación de vulnerabilidad, para ayudar a que puedan pasar las fiestas dignamente.

Ahora bien, el asunto estaría aclarado y terminado si esta situación se diera en un ámbito pequeño de relaciones. Pero estamos en Tigre, y los datos del nuevo censo seguramente arrojarán una población cercana a los quinientos mil habitantes. Ardua tarea será la de explicarle a cada uno de los vecinos esta situación, para no afectar no sólo el buen nombre y honor de las personas que ejercen la función pública, sino también, lo más importante, la credibilidad de las instituciones y de nuestra propia democracia.

El término posverdad ha sido el neologismo con más uso en los últimos tiempos, y viene a plantear cómo el periodismo puede distorsionar la realidad. Si bien las redes están influyendo y mucho en el mundo de la comunicación, nada es equiparable con la responsabilidad que significa la labor periodística. El periodismo informativo se sustenta en su credibilidad y en la verdad de sus informaciones, y entiendo que así como estamos asistiendo a un gran cisma de representación que seguramente alumbrará nuevos paradigmas en la política, también el periodismo está viviendo una crisis ética que tiene el peligro de amenazar su credibilidad, de no resolver adecuadamente su práctica profesional.

Demás está decir que, a tenor de mi experiencia personal, me solidarizo con mis colegas de Quilmes y Lomas de Zamora, que fueron aludidos en dicho informe.

Pero empecé hablando de récords, y no quiero concluir esta reflexión sin abordar un tema que incumbe a la ética de la función política. Tigre tiene el récord de concejales con doble función, si, otra vez leyó bien, funcionarios públicos nacionales y de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires que, además de desarrollar sus tareas nacionales o en la C.A.B.A., también realizan su labor de concejal.

Ambas tareas sin dudas requieren una dedicación plena. Si bien la ley permite esta posibilidad dual de tareas, ya que los concejales en cuestión renuncian a sus dietas para continuar percibiendo el sueldo más alto de la otra función, es imposible realizar las dos tareas simultáneamente, dado que el cumplimiento pleno de una de ellas va en desmedro de la otra y viceversa.

Entonces cabe preguntarse: ¿no habrá llegado el momento de dictar una norma que contemple esta situación anómala?