El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció que el gobierno Nacional, a través del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, entre otros funcionarios, entregó “de manera irregular y grosera 23.000 hectáreas de tierras privadas y del Estado provincial al Movimiento Evita”. 

“Se repartieron 23.000 hectáreas a 65 militantes. A algunos les dieron 1200 o 1500 hectáreas de una Reserva Provincial o de tierras privadas”, resumió Morales en declaraciones a Infobae. 

Por su parte, el Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, quien tambien firmo la demanda le precisó a Infobae que las carpetas con la “constancia de reconocimiento de posición tradicional” se realizó el 19 de abril pasado. Que los beneficiarios son 63 familias, la mayoría de las cuales “ya tienen procesos judiciales abiertos por usurpación y pedidos de desalojo o son arrendatarios de los propietarios de las tierras”. 

Morales, a través de la fiscalía de Estado, denuncia, por los presuntos delitos de “usurpación de autoridad receptado en el artículo 246 inc. 3 del Código Penal y de Abuso de autoridad”, a los tres funcionarios que firmaron o participaron. Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; a María José Castillo, Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, organismo que depende del mismo ministerio; y Cecilia Iriarte, Intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales. 

Esta última fue denunciada porque dispuso, sin tener facultades para hacerlo, la entrega de unas 600 hectáreas “de dominio del estado provincial a la familia Alvarado-Armenta”