La Legislatura porteña dio el jueves pasado una primera sanción, (con votos del bloque oficialista y aliados), a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito.

Los acuerdos obtuvieron 33 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo; 18 negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica, lo que marcó diferencias en el frente oficialista de la Ciudad, dado que los «lilitos» no acompañaron.

Para la aprobación final, aún resta que el en proceso parlamentario haya una audiencia pública destinada a que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto, dado que se encuadran en las normas denominadas «de doble lectura».

En rigor, el temario de la sesión tenía previsto el tratamiento de 16 convenios para 16 nuevos edificios, uno de los cuales contemplaba la habilitación para una torre de 23 pisos en un predio situado en un Área de Protección Histórica del microcentro porteño, lindante a una iglesia y un monasterio construidos en 1745.

Fue por ello, que la discusión trajo mucho ruido interno (el cual no fue visibilizado en los medios de comunicación), cinco expedientes, incluido el del área protegida, fueron retirados del listado original ante la falta de acuerdo dentro del propio bloque larretista.

Los convenios urbanísticos plantean, en su mayoría, la autorización a realizar cambios a la normativa actual que rige sobre esos predios para permitir construcciones de mayor altura y, por su parte, el privado entrega una contraprestación monetaria al Estado.

Desde el área de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una reunión con los legisladores realizada el 15 de septiembre último, el «36% de esas parcelas son actualmente terrenos baldíos o estacionamientos».

En la mayoría de estos convenios, y a cambio de ampliar la capacidad constructiva de los terrenos, el Gobierno de la Ciudad exige a las empresas que una parte de la parcela permanezca como «suelo absorbente» o, en su defecto, que tenga un «techo verde».

Para el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”.

“Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor».